por Pablo Vargas González
En plena campaña federal, desde el Congreso Local se anuncia de que es “necesaria una reforma electoral” en Hidalgo. Si en efecto hay muchos temas pendientes, pero lo que hay que discutir en su momento es que tipo de reformas son necesarias para mejorar la participación ciudadana y de las instituciones políticas, y en ese punto, lo que hace falta es una reforma política en la entidad.
Hace apenas unas semanas, el 30 de abril en el Congreso Federal se aprobaron temas de reforma política que fueron sumamente criticadas por su corto alcance y porque quedaron desilusionados varios sectores sociales de que esperaban acciones profundas para avanzar en la democracia mexicana. Los partidos y representantes gubernamentales se echaron la bolita, por no poder ir más allá.
De la gran lista de propuestas de “reforma política” solo quedo en una “mini-reforma”. Se ponen como grandes logros: las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, entre otras reformas que “entraron de contrabando” y que se refieren a la administración pública federal.
Ese es el riesgo que se puede correr en la entidad. Que en el marco de las campañas y debates de pronto se vean las grandes necesidades pero a la hora de la deliberación, de las propuestas y foros, pero sobre todo en el momento de legislar las propuestas se reduzcan al mínimo, y a veces ni siquiera llegan a lo básico de las legislaciones federales marco. Ejemplos hay muchos.
Hay que aclarar que esas medidas de “intervención ciudadana” -la consulta popular y la iniciativa ciudadana- serán a nivel federal, y en los estados deberán aprobarse en cada entidad. Además de que su entrada en vigor será en 2015, es decir esperarán muchos años para verlas en realidad. Esto son elementos que abren la posibilidad de ir al fondo en la legislación local.
En Hidalgo padecemos un síndrome de “reformitis” parecido al que se tiene en el nivel federal, cada elección la clase política se percata de que “es necesaria una nueva reforma política” porque las condiciones electorales son cuestionadas y no dejan conforme a los actores participantes, dejando una sombra de baja credibilidad.
En la entidad se hicieron dos reformas recientes en octubre 2009 con motivo de las elecciones de gobernador y congreso local de 2010, que se habían de tomar de referente para no reproducir fallas y déficits en las consultas y los acuerdos.
Para empezar fue una “reforma Electoral”, que como en otras ocasiones nuevamente le faltó consenso, puesto que no todas las fuerzas políticas concordaron con la propuesta gubernamental que se había procesado en las “mesas de diálogo”; el PRD y el PANAL cuestionaron el procedimiento “ya que las propuestas eran insuficientes y no se tomaron en cuenta las opiniones de los partidos”.
Para el 2010 el aspecto principal de la modificación legislativa fue el cambio de fechas, de “empate electoral”, que al final fue parcial ya que se dejaron fuera a los comicios municipales, como una estrategia política de no unificar la totalidad de calendarios. Hidalgo era una entidad en que cinco de cada seis años había elecciones. Propuestas distintas como la de “dotar al Instituto Electoral de más autonomía, ciudadanía e independencia, a través de la creación de una Contraloría ciudadana”, no fueron escuchadas.
Para la elección de 2010 se reformaron 11 artículos y adiciones a tres artículos y 10 transitorios de la Ley Electoral de Hidalgo. La modificación legislativa alcanza también, por el cambio de fechas, a la Ley Estatal de Medios de Impugnación y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Bienvenida la voluntad de hacer una “nueva reforma electoral” pero está debe ser consultada ampliamente con los diferentes sectores sociales y no solo con los partidos, más bien lo que se necesita es una reforma política que de paso a la participación ciudadana. Esa es la reforma que está pendiente en Hidalgo.
