El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), continúa su ofensiva contra los empleadores de inmigrantes indocumentados y ha ordenado en las últimas semanas a cientos de empresas que presenten sus registros de contratación para inspeccionarlos. Las primeras “redadas silenciosas” de este año no han sido anunciadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia del DHS que está a cargo.
Un portavoz del ICE confirmó el martes que al 29 de marzo la oficina había notificado a unas 500 compañías “de todos los tamaños y tipos” que entregaran los formularios de autorización para empleo I-9 y otros documentos para revisarlos.
“Estas inspecciones determinarán si las empresas están cumpliendo o no con sus requisitos”, indicó Gillian Christensen, subsecretaria de prensa del ICE. “No hay ningún sector en la mira, ni ninguna industria es inmune al escrutinio”, añadió. El Gobierno no divulga los nombres de las empresas bajo investigación.
Desde enero de 2009, el gobierno de Obama ha examinado a al menos 7 mil 533 empleadores sospechosos de contratar mano de obra indocumentada e impuso multas administrativas y penales por unos 100 millones de dólares, lo que constituye un mayor número de auditorías y sanciones que las impuestas durante todo el gobierno de George W. Bush.
El presidente Barack Obama camina sobre una cuerda floja en momentos en que corteja a los votantes hispanos, muchos de los cuales se oponen a la mano dura, y al mismo tiempo castiga a las empresas que contratan a inmigrantes indocumentados. Las auditorías no dan lugar a la deportación de trabajadores indocumentados, pero todos ellos pierden sus empleos. Los críticos de las medidas dicen que contribuyen a la explotación de los indocumentados, obligándolos a trabajar fuera de nómina. Para las empresas, las auditorías pueden provocar grandes pérdidas en la productividad, además de las multas civiles y penales.
“El presidente está tratando de apaciguar a los críticos que buscan medidas estrictas al tiempo que trata de conquistar a los votantes hispanos”, dice Craig Regelbrugge, copresidente de la Coalición de Agricultura para la Reforma Inmigratoria, un grupo que ejerce presión para flexibilizar las restricciones sobre los inmigrantes indocumentados.
Las auditorías son más visibles cuando afectan a las cadenas de comida rápida, hoteles y empresas agrícolas de alto perfil. Sin embargo, las inspecciones también han involucrado a los fabricantes livianos, firmas de servicios financieros y la industria textil.
“La tasa de expansión y el alcance de las auditorías I-9 está comenzando a hacer mella en la percepción de que sólo los empresarios más notorios están en riesgo de una medida de cumplimiento por parte del ICE”, dice Julie Myers, que estuvo al frente del ICE durante el gobierno de Bush y que ahora dirige una consultora. “Tienen que estar atentas las empresas de todos los sectores”.
Desde las oficinas centrales del ICE en Washington confirmaron que se han dado instrucciones a las oficinas regionales para dedicar un número determinado de horas de trabajo para iniciar las inspecciones.
El ICE se negó a proporcionar detalles de las cuotas de auditoría. Sin embargo, Christensen, portavoz del organismo, dijo que se fijaron “metas de desempeño” para cada una de las 26 oficinas regionales, a fin de “lograr el mejor uso del dinero de los contribuyentes”. (The Wall Street Journal)
