La explosión de las plantas de la empresa, que procesaba varios elementos químicos de gran riesgo, obviamente sin un manejo adecuado ni regulado, evacuó a miles de personas y a comunidades completas de sus hogares y hasta la fecha aun no se ha regularizado completamente la situación
Pablo Vargas González
Después de una explosión de grandes dimensiones, el domingo 7 de abril ocasionado en la empresa ATC dedicada a la agromaquila y producción de pesticidas, ubicada en el municipio de Atitalaquia, aun no se tiene un informe completo de las repercusiones en la salud y condiciones naturales de la región que involucra por los menos dos municipios más: Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula.
La explosión de las plantas de la empresa, que procesaba varios elementos químicos de gran riesgo, obviamente sin un manejo adecuado ni regulado, evacuó a miles de personas y a comunidades completas de sus hogares y hasta la fecha aun no se ha regularizado completamente la situación. Pues muchas familias tuvieron que salir de la entidad hacía otras ciudades.
Aun cuando las autoridades de diversos niveles se adelantaron a señalar que el siniestro estaba “bajo control” y que ya no existía riesgo alguno, lo cierto es que los daños ocasionados en la salud y la naturaleza en la región se encuentran latentes y con secuelas en varios ámbitos. Aun siguen llegando a las clínicas cercanas niños y personas adultas con problemas infecciosos. Y los olores llegan a varias comunidades de la región.
Aun cuando ya se le verificó la clausura, eminentemente tardía, y el retiro de la licencia de operación a la empresa ATC, no hay ningún plan para la reparación de los daños, que son múltiples y de amplias dimensiones. Tampoco existe ningún dictamen sobre responsabilidad civil, por lo menos públicamente.
Algunas autoridades locales señalaron el funcionamiento irregular de la empresa, ni siquiera planos tenía, por lo que la responsabilidad se extiende a las dependencias que dieron la autorización de funcionamiento y las que deben de supervisar continuamente. Sobre todo este tipo de empresas que procesan elementos bioquímicos de alto riesgo para la salud.
Los pobladores de los municipios afectados de Atitalaquia y Atotonilco de Tula han iniciado movilizaciones y protestas porque no existen respuestas claras sobre las repercusiones del siniestro. Y tienen razón. Después de esta catástrofes no suele haber responsables. La más inmediata, es la explosión de Xalostoc, en donde el único responsable material es el conductor, pero nadie ha investigado a fondo sobre responsabilidades culposas y las que generan y aplican los lineamientos que permiten que auto transportes de gas y petróleo sean auténticos misiles y bombas de tiempo.
En las protestas también han centrado su demanda en el llamdo a las autoridades federales y estatales a reubicar las factorías productoras de agroquímicos y fertilizantes asentadas en las cercanías a centros urbanos y a las procesadoras de alimentos ubicadas en el parque industrial.
En los dos principales municipios, se concentran grandes e importantes complejos industriales, además de que está por construirse la Refinería Bicentenario, además de otras condiciones sociales y culturales lo cual hacen explosiva a la región de Tula. De antemano en Atotonilco de Tula sigue presentando graves problemas ambientales para la tierra, el agua y la salud por los efectos de cementeras y caleras.
Ante esta situación es imprescindible la presencia de las organizaciones de estos municipios para que intervengan en la formulación de medidas de solución a la problemática, no pueden ser desdeñadas las opiniones y propuestas de la población afectada.
Como país y como sociedad hemos avanzado muy poco en la planeación democrática, solo se pide la opinión en épocas electorales y para avalar proyectos desde arriba que de antemano ya están cocinados. Y finalmente es necesario avanzar en la reparación del daño y poner en el centro el respeto y reivindicación de los afectados y víctimas.
