PACHUCA . —A unos cuantos días de asumir el cargo de gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Omar Fayad ha señalado que impulsará la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Ese compromiso lo refrenda con énfasis en diversos actos públicos. Incluso el domingo pasado (11 de septiembre de 2016), dijo a la prensa: “la corrupción lastima a la gente, entonces también quiero que la gente me ayude […] además de denunciar actos de corrupción, la población deberá estar atenta a supervisar la obra pública, para que verifique la calidad de ésta”. Al parecer, el mandatario, tiene la firme intención de crear un eficiente sistema que permita erradicar las malas prácticas gubernamentales. De ser así, el trabajo que le espera es arduo y ya tiene al menos dos investigaciones que esperan sobre el escritorio.
No recuerdo un caso tan sonado de malversación de fondos como el ocurrido en el municipio de Mineral de la Reforma en la pasada administración. Para nadie es un secreto que Filiberto Hernández Monzalvo cometió excesos que no pueden quedar impunes. Desde la renta de terrenos de su propiedad para que fueran utilizados como nuevas instalaciones de la feria (en un claro ejemplo de conflicto de intereses), dejando adeudos millonarios a proveedores del municipio (según informó, Carlos Henkel Escorza presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el ayuntamiento de Mineral de la Reforma incumplió los acuerdos de pago por 1.2 millones de pesos a cinco constructoras) y – el colmo –, lo que dejó en las arcas del ayuntamiento a la hora de entregar la administración (cuatro mil pesos en una cuenta y mil en otra según trascendió en los medios).
Con estos elementos es suficiente para fincarle responsabilidades a un presidente municipal saliente que no asistió a la última sesión de cabildo donde tenía que entregar de manera protocolaria la administración a su sucesor. Haciendo un cálculo político muy sencillo (y hay que decirlo: muy infantil porque declaró que estaba enfermo); Filiberto Hernández, prefirió su ausencia antes que enfrentar a un público adverso que le achacaría sus desaciertos.
No obstante, tres días después apareció para formalizar la entrega del ayuntamiento sólo que en esta ocasión utilizando un aparatoso sistema de seguridad personal que le permitió caminar por las calles sin que lo anterior evitara el grito de “regresa lo que te llevaste” que los transeúntes le imputaron cuando lo vieron pasar (Criterio 08 de septiembre de 2016).
Al parecer, existe la suficiente evidencia para procesar al ex alcalde de Mineral de la Reforma que deberá hacerle frente a esas acusaciones.
Por otro lado, circula en medios otro caso para llamar la atención del actual gobernador. Porque resulta que su antecesor benefició “a manos llenas” a una constructora (Operadora Mersi, dirigida por el empresario Ernesto del Blanco Arjona) quien fue el operador financiero de la campaña de Francisco Olvera Ruiz.
Según el reportaje esa empresa ganó 25 contratos del gobierno entre ellos el más importante fue el “Tuzobus”, obra cumbre del sexenio pasado. En este trabajo de investigación, se puede observar como la empresa Mersi contó con todos los apoyos del gobierno para amasar más de 771 millones de pesos por sus servicios sin tener que concursar en algunas de las obras que realizó (en 16 de ellas la adjudicación fue directa). En los otros casos el gobierno estatal lanzaba una licitación pública en donde varias empresas se inscribían pero de último momento declinaban. Dejando el camino libre a la empresa Mersi que conseguía los contratos por ser la única que se mantenía hasta el final.
En dicho documento se dice que “en 2010 el director de la empresa Mersi, Ernesto del Balco Arjona, fue nombrado presidente del Comité de Financiamiento de la campaña del entonces candidato priista Francisco Olvera. A través de esa organización recaudó 40 millones de pesos entre los empresarios del estado. Tras el triunfo, el empresario también fue nombrado secretario del Patronato del sistema DIF Hidalgo”.
De ser cierta esta información, el gobernador actual deberá esclarecer las licitaciones de las empresas que realizan obra pública y no beneficiar a aquellas que participaron con generosas aportaciones en las campañas políticas.
Justo para eso es conveniente implementar un Sistema Estatal Anticorrupción. Para erradicar de una vez por todas los casos de malversación de recursos públicos, tráfico de influencias, abuso de autoridad, conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito y otros latrocinios que son comunes en la clase política.
Ahí están esos dos casos de alto impacto; ojalá el gobernador Fayad tenga la voluntad de hacer algo al respecto.
@2010_enrique
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