La secretaría de Gobernación confirmó que serán respetados los presupuestos asignados a los diferentes organismos desconcentrados que atienden los derechos humanos y la atención a las violencias contra mujeres y niñas lo cual “es una decisión positiva, apegada a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, consideró Amnistía internacional.
La declaración del Gobierno de México respondió a la misiva enviada por Amnistía Internacional junto a 163 organizaciones más, en la cual se solicitó a las autoridades detallar si la austeridad republicada impulsada por la administración afectaría el presupuesto de atención a la violencia contra las mujeres, la cual propició una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que participaron las y los titulares de dependencias a cargo de la atención a la violencia contra las mujeres.
Amnistía Internacional consideró que no hubo “respuestas claras” a sus peticiones por parte de la autoridad federal, por lo cual lanzó una Acción Urgente el miércoles 8 de julio de 2020, con el objetivo de que el Estado mexicano garantizara los recursos a los programas que atienden las violencias contra las mujeres, incluyendo el presupuesto para las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs). Mediante la Acción Urgente activistas del movimiento internacional, enviaron cartas y mensajes de correo electrónico a la Secretaría de Gobernación, apoyando la petición.
Por lo cual –señala Amnistía Internacional—, “el anuncio hecho ayer por la Secretaría de Gobernación, indica que el objetivo se ha cumplido”.
“Amnistía Internacional seguirá vigilando que no haya recortes presupuestales a los programas destinados a atender las violencias contra las mujeres y las niñas en México. Como parte de esta vigilancia, solicitará a la Cámara de Diputados que ejerza su facultad de supervisar que dichos presupuestos se apliquen conforme a lo establecido e incluso solicite al poder Ejecutivo rendir cuentas al respecto”.
La organización con sede en Inglaterra especificó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los recursos para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, en cualquier tipo de contexto que ocurra en el país.
Y recalcó que, para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia “se requiere también de políticas públicas concretas”. Al respecto –señaló—, es necesario recordar que aún está pendiente la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, previsto en los artículos 41 y 42, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
