El Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo Raúl Arroyo anunció durante la comparecencia con motivo del 4to Informe de resultados del gobernador Omar Fayad, sobre la puesta en marcha de una política de persecución penal en el estado de Hidalgo, con la que se definirán los delitos que tendrán toda la atención de quienes intervienen en la procuración de justicia.
Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, este viernes el titular de la PGJEH se presentó para dar la glosa del informe que corresponde a las acciones y resultados de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Es importante destacar que desde la llegada a la procuraduría esta administración se ha empeñado en mejorar y actualizar los métodos utilizados por el sistema de justicia por lo que se trabaja en generar la política criminal que nos conduzca mejorar el actual desempeño de la institución.
Respecto de los Indicadores Tácticos, informó sobre los casos resueltos por delitos de alto impacto y prioritarios se tuvo un avance del 30% en la determinación de estos casos.
Resaltó el rescate de 35 víctimas de secuestro y la desarticulación de 12 bandas dedicadas a este delito, se lograron sentencias condenatorias a 22 secuestradores y la acreditación del Laboratorio de Genética Forense bajo las normas ISO/IEC 17025:2017 e ILAC G19 Módulo Forense.
Del avance logrado en el proceso de transformación de la Procuraduría, mencionó sobre la puesta en funcionamiento de la Unidad de Análisis y Contexto para investigar feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores; sin ser de los estados que cuentan con la alerta de género.
Habló sobre el proyecto piloto del Reto 100 días, financiado por el programa PROJUSTICIA de la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno de los Estados Unidos (USAID).
Para el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio, la Procuraduría diseñó el Plan de Persecución penal con el acompañamiento y asesoría de la fundación internacional Open Society, para priorizar los delitos de interés del estado, así como favorecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y dar énfasis al sistema de Justicia Cívica.
Como una prioridad la PGJEH trabaja conjuntamente con la Federación, en concreto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); en la creación de la Política Criminal del estado y la Agencia de Investigación Criminal.
Así mismo en la mejora de una política de fortalecimiento técnico jurídico, se implementó el Modelo Homologado de Procuración de Justicia, duplicando el contenido de la Normateca Digital que hoy almacena más de 200 documentos.
De igual forma puntualizó sobre el trabajo con asociaciones de la sociedad civil, como Impunidad Cero y Tojil para implementar estrategias que fortalezcan la política de cero tolerancia a la impunidad y la corrupción.
Con el fin de revertir la centralización de los servicios, se crearon tres Centros de Servicios Integrales ubicados en Pachuca, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo, en donde ya se expiden constancias de no antecedentes penales.
La creación del Sistema Informático “Centenario”, tiene como objetivo evolucionar las formas de trabajo tradicionales a sistemas digitales en el proceso de justicia penal.
Como parte de la estrategia de profesionalización constante, se trabaja coordinadamente con 13 organismos nacionales y 19 internacionales para capacitación, apoyo a proyectos e intercambio de buenas prácticas.
Por primera vez se realizó una convocatoria interna de examen de oposición para asignar una plaza de comandancia de la Policía Investigadora, en la que la oficial Celina Cruz Ramírez obtuvo la calificación más alta y con ello el cargo, por lo que es la primera mujer en esa responsabilidad.
Con parte del compromiso de dar complimiento pleno a los derechos humanos, se construyó el Centro de Identificación Humana de Resguardo Temporal, conocido como Panteón Forense, así mismo se contribuyó a la apertura de la Unidad de investigación especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas del delito en la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema DIF.
Para finalizar Raúl Arroyo aludió sobre las acciones implementadas frente a la problemática mundial que se vive por la pandemia causada por Covid-19 y en cumplimiento al Operativo Escudo, resaltó la elaboraron de los Lineamientos para el funcionamiento de la Procuraduría durante la emergencia y de la “Guía para un retorno seguro”, para garantizar la seguridad en materia de salud del personal y las personas a las que se les brinda servicio en la institución.
De esta forma reiteró su compromiso en la mejora constante de la Procuraduría para lograr una sociedad más justa y equitativa, e invitó a la suma de esfuerzos para lograr la transformación que se necesita en la procuración de justicia.
