Desde que se informó sobre la renuncia de Raúl Arroyo González a la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, se lamentó lo que esta entidad perderá sin la presencia de quien ha sido, sin duda, uno de los mejores funcionarios en el gabinete del gobernador Omar Fayad Meneses. Y no podrían existir muchos argumentos que contradigan que fue el mejor en su área, hasta el momento, en toda la historia de la dependencia.
Raúl Arroyo González llegó a la PGJEH luego de ser un muy buen presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y de inmediato imprimió a la Procuraduría un sello progresivo de derechos, como nunca antes se había visto.
Una de las primeras cosas que hizo fue convocar al activismo de derechos humanos en Hidalgo, en específico, a la parte más experimentada del movimiento feminista, para analizar y elaborar una estrategia coherente y efectiva en torno a los altos índices de violencia contra las mujeres en el Estado. Como resultado, se creó el Observatorio Ciudadano para la aplicación de justicia con perspectiva de género, integrado, no por burócratas de corbata, sino por activistas, ciudadanas y expertas.
Arroyo González fue más allá. Creó la Unidad de Análisis de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios, desapariciones, violencia y delitos contra las infancias, con el objetivo de aplicar un sentido crítico sobre los casos. Por primera vez, la Procuraduría se alejó de una conducta punitivista, prejuiciosa y revictimizante. Por primera vez —reitero—, muchas personas y, sobre todo, muchas mujeres, accedieron a justicia efectiva.
Pero el procurador Arroyo también se abrió a la crítica. Como persona de cultura, supo escuchar, atender y corregir. Y eso muy pocos funcionarios están dispuestos a hacerlo. Donde cunde la soberbia, aquel insensato afán de creer que el poder es onmisapiencia, el procurador hidalguense se comportó como un hombre humilde, a saber, un hombre sabio.
Los éxitos de tal comportamiento fueron inmediatos. Varios y muy significativos fueron los casos que cayeron en las manos del procurador Arroyo González hacia los cuales aplicó justicia con un don progresista. El trato de la Procuraduría para con las víctimas dio un giro de ciento ochenta grados, gracias a la simple, y a la vez compleja, tarea de transformar la mirada en la procuración de justicia. En ese sentido, teníamos en él a un funcionario inteligente y, también, valiente.
Por supuesto, nada está terminado. No le alcanzará el tiempo a Arroyo González para culminar su tarea entre los ministerios públicos, quienes han demostrado ser el estorbo histórico en el acceso a plena justicia en Hidalgo, sobre todo, de mujeres e infancias.
Luego entonces, es muy preocupante observar los perfiles que hoy aspiran a ocupar la Procuraduría. Se avizoran alfiles del sistema; perfiles medianos y francamente mínimos. Desfilan nombres de probada ineficiencia; y peor, de pública ineptitud. Mucho más temprano que tarde lamentaremos la ausencia de Raúl Arroyo González.
Lo que sigue es que el Congreso emita la ley para transformar la PGJEH en una Fiscalía, a la sazón de la Fiscalía General de la República y otras que existen en el país. Parece difícil que el actual Congreso cumpla con esa encomienda por lo que tocaría a la siguiente legislatura las reformas para su creación. Si así sucede, pero, sobre todo, si es lo primero que sucede, el procurador que nombren en este momento apenas durará unos meses. El problema no es ese, sino asegurarse de que, quien resulte en Fiscal, sea una persona apegada a los principios y propósitos de los cuales gozamos durante la gestión de Arroyo González, que no es que le fueran inherentes —como sí lo fueron su voluntad política y su talento—, sino de estricto cumplimiento con los derechos humanos en Hidalgo.
