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lunes, febrero 26, 2024

Poder Judicial, SIN lograr SOLVENTAR más de MEDIO MILLÓN de pesos de sus arcas

El Congreso de Hidalgo recibió el tercer informe de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) por parte de su titular, Jorge Valverde Islas, correspondiente a la cuenta pública 2021 y el informe individual de la cuenta pública 2021, así como cuatro informes excepcionales al mismo número de municipios.

El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Julio Valera Piedras, consideró que con la entrega del informe general de la cuenta pública e informe individual se dota de información necesaria para saber si los recursos públicos se han administrados con apego a los principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez.

El también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, resaltó que la entidad ha tenido avances en el combate a la corrupción, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2021, realizado por el INEGI, la tasa de incidencia de estos abusos en al menos un trámite bajo de 16 mil 402 actos en 2019 a 11 mil 849 en 2021, es decir una reducción del 27 por ciento.

Dichos datos demuestran el compromiso de las y los servidores públicos con la transparencia y los sólidos esfuerzos por mejorar estos indicadores, por lo tanto trabajar para mantenerlos y mejorarlos, afirmó Valera Piedras.

En su mensaje después de recibir la entrega de informe por parte de la ASEH, el diputado afirmó que el Congreso de Hidalgo será un espacio de diálogo y concertación, análisis y solución, consenso y participación; con el objetivo de garantizar a las y los hidalguenses transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el titular de la ASEH, Julio Valverde Islas, refirió que la revisión contempla a los poderes Legislativo y Judicial, entidades del sector paraestatal, organismos autónomos y descentralizados y municipios.

Además de cuatro informes excepcionales a municipios derivado de auditorías extraordinarias practicadas a la cuenta pública 2022.

La fiscalización comprendió el análisis de los estados financieros, presupuestales, programáticos, inventarios de bienes muebles e inmuebles, deuda pública, avances físico-financieros de obras, así como la información de operaciones derivadas para la aplicación y ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno estatal y municipios.

De acuerdo con el auditor superior, derivado de dichas fiscalizaciones detectaron errores y omisiones, incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y difusión de información financiera, por lo que fueron emitidas mil 47 recomendaciones y 215 pliegos de observaciones, derivado de auditorías financieras, de cumplimiento, inversiones físicas y 26 recomendaciones relacionadas a las auditorías al desempeño; las cuales se entregan pendientes de solventar.

Además existe un importe pendiente de solventar por la cantidad de 169 millones 710 mil 809 pesos. De los cuales, 633 mil 409 pesos corresponden al Poder Judicial, 27 millones 569 mil 795 pesos, a entidades del sector paraestatal y organismos autónomos, 140 millones 196 mil 259 pesos a municipios y un millón 311 mil 345 pesos, a organismos descentralizados municipales.

En cuanto a los resultados de cuatro informes excepcionales a municipios de la cuenta pública 2022, fueron emitidos 22 recomendaciones y generaron 12 pliegos de observaciones derivadas de auditorías financieras, de cumplimiento e inversiones físicas, con un importe pendiente de solventar por la cantidad de 143 millones 753 mil 699 pesos.

Valderde Islas aclaró que los importes pendientes en solventar contenidos en los resultados de los informes individuales de cada entidad fiscalizada representan el monto de las operaciones observadas en la revisión de la cuenta pública 2021, misma que no necesariamente implican recuperaciones o daños a la hacienda pública del Estado, de los ayuntamiento o las entidades.

Por lo tanto, se encuentran sujetas a las aclaraciones y justificaciones pues las entidades fiscalizadas cuentan con un plazo de 20 días hábiles a partir de su notificación para que presenten ante la ASEH la documentación pertinente para la solventación.

A la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, estuvieron presentes los diputados integrantes: Osiris Leines Medécigo, Octavio Magaña Soto y

Rodrigo Castillo Martínez, así como la diputada, Lisset Marcelino Tovar, en su calidad de presidenta de la Primera Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

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