La administración pública requiere responsabilidad. A diferencia de otros empleos, los errores en el trámite de los asuntos públicos afectan la vida y el trabajo de cientos, miles y hasta millones de personas, dependiendo de la magnitud de la pifia. Ya sea por corrupción, ineficiencia o ignorancia (lo cual es una forma de corrupción, considerando que los cargos deben ser ocupados por gente capacitada), Hidalgo es el cúmulo de casi una centuria de malas administraciones y, por tanto, de atrasos.
Uno de los ejemplos más recientes es la construcción del llamado puente atirantado de Pachuca; obra insigne de Omar Fayad. Una construcción que tardo más de dos años en levantarse; el mismo tiempo que todo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Que elevó en más de cien millones de pesos su costo y que, al final, sirvió de muy poco. Sí, los pocos autos que pasan por encima gozan de tres carriles amplísimos; mientras, abajo, todos los días ocurren accidentes a causa de la fatídica planeación (si es que la hubo) de una glorieta innecesaria, insulsa e insegura.
Como en el área médica, los errores en la administración pública cuestan vidas. Los planes y ordenamientos se deben cumplir; las leyes y reglamentos son muy claros; las secretarías, direcciones y coordinaciones implican el requerimiento de perfiles específicos y competentes. No debería haber margen para equivocaciones. Y si las hay, que se corrijan. Y si las hay y no se corrigen o no se quieren corregir, eso es corrupción; envilecimiento de la función pública.
Debe recordarse lo que, a mi parecer, es uno de los más altos valores propuestos por el gobernador Julio Menchaca: el derecho humano a la buena administración pública. Eso significa que las cosas públicas deben ser ordenadas y ejecutadas con base en el principio pro-persona, o sea, mirando por el bien de la gente, todo el tiempo. El bien del pueblo; no el de unos cuantos; mucho menos, el propio. Eso es tener verdadera vocación de gobierno.
