Lo legal no es necesariamente justo, ni ético, ni moral. La esclavitud fue legal. El matrimonio infantil fue legal. El racismo fue legal y hasta propagado a través del «sistema de castas». Y no acaba. El modelo electoral, tal como lo conocemos, legaliza lo inmoral, lo antiético y lo injusto. Porque la ley lo dice, sí; la ley de quien la impone. Así se permiten obscenidades como la que protagoniza Asael Hernández Cerón, exdiputado plurinominal del PAN en Hidalgo, exalcalde de Tezontepec de Aldama, actual cacique de Acción Nacional en ese estado, persecutor de periodistas y figurín ultraconservador quien, con tal de llegar al Congreso de la Unión en las presentes elecciones y no perderse de unos buenos años perviviendo del erario, se colocó en la lista de las candidaturas por la vía de representación proporcional en la cuota asignada a las poblaciones indígenas, sin serlo.
Hernández Cerón es un mestizo que aparenta gustar de restaurantes esnob, copas de merlot y trajes de gama media-aspiracional, sin vínculo cultural, social, lingüístico o histórico con poblaciones originarias. Pero es su candidato, quizá próximo diputado federal, a causa de que, argumenta, la comunidad indígena de Puerto Piedra le solicitó representarles. Ajá. Que hay un oficio. Se trata de una comunidadde Nicolás Flores, un municipio pobre enclavado en la Sierra Gorda hidalguense de unos seis mil habitantes, de los cuales, el cincuenta por ciento es originaria Hñähñú y diez por ciento afromexicana, con el cual Hernández Cerón no tiene un vínculo real y efectivo, acaso, su relación (¿de complicidad?) con la presidenta municipal del lugar, la también panista Marcela isidro García.
Y así se justificó el figurín: «La ley lo permite, la ley lo permite y si hay que legislarlo, pues hay que legislarlo para que ya no suceda, porque no lo justifico, no somos los únicos, hay de todos los partidos” (…) “somos un país que venimos de nuestros orígenes en pueblos originarios. Estoy seguro que en mis genes también, no se ve perfil, digo, no se me ve como perfil griego o europeo”, dijo sin abochornarse de tal muestra de racismo. Racismo por lo que dijo y racismo por lo que hizo, pues ocurre cuando se usurpan posiciones de representación asignadas a las poblaciones racializadas históricamente vulneradas, profundizando la lesión que les ha causado el paternalismo ejecutado en su detrimento por parte de personas blancas, mestizas y ajenas.
Y sí, de existir un documento (aun si está en duda la operación para obtenerlo y cómo influyó en esto la relación política entre el aspirante y la presidenta municipal de Nicolás Flores) como aval de que la comunidad de Puerto Piedra le habría solicitado oficialmente a Hernández Cerón que les represente, el panista podría beneficiarse de la llamada «autoadscripción calificada»; es decir, el cumplimiento de una parte de ciertos requisitos legales, construidos por burócratas electorales, que pretenden ayudar a mostrar que una persona tiene pertenencia a una población originaria, aunque no tenga relación histórica ni cultural con ésta. En efecto, como el implicado lo justificó: «la ley lo permite». Culpa de la ley, cuya injusticia deja pasar a infames que no entienden o ignoran a conveniencia el espíritu de las acciones afirmativas y su propósito, el cual, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, es «revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan las personas indígenas en el ejercicio de sus derechos de ser votadas, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustantiva en el acceso a los cargos federales de elección popular».
El ilustrísimo Quevedo sentenciaba que donde no hay justicia es peligroso tener razón. Así se institucionaliza el racismo, por ejemplo, ese que brota del prejuicio y del poder, como lo mostró la educadora Jane Elliot, a saber, famosa por sus experimentos para demostrar los males racistas en las escuelas de Estados Unidos. Prejuicio por lo anteriormente expuesto y poder porque, para pegar otro botón de indignación, Asael Hernández Cerón lleva a nada más y nada menos que a su esposa, Martha Margeri Rivera Núñez, como su suplente en la candidatura a diputado federal. Bien hubiera valido que, de ser cierta la recomendación de la comunidad indígena para ser su representante, el panista invitara a participar a un elemento destacado de la misma. Pero nunca se trató de eso, sino de poder y del vulgar afán de acumularlo.
