Dos funcionarios de la secretaría de Gobierno de la Ciudad de México golpearon hasta dejar inconsciente sobre la banqueta de la Alameda Central a la comerciante Donají, mujer trans, integrante de la Colectiva Micelias, quien se encontraba vendiendo sus productos sobre este céntrico parque de la capital del país.
El ataque se produjo luego de un operativo de acoso hacia las comerciantes por parte del grupo de «reordenamiento vial» de la Secretaría de Gobierno en conjunto con policías capitalinos quienes permitieron la agresión y abrieron paso a la huida los atacantes. De acuerdo con los testimonios de la Colectiva, estos funcionarios se quitaron su chaleco guinda que los identifica como empleados del Ejecutivo de la ciudad, para golpear a Donají y las compañeras.
Sin embargo, no es un caso aislado. Las poblaciones disidentes, las personas trans —en particular, las mujeres trans—, han sido víctimas de ataques, discriminación y violencia sistémica en la Ciudad de México y en todo el país.
México sigue siendo el segundo país en el mundo con más agresiones a las poblaciones de la disidencia sexo-genérica. Según el Conapred, tres cada cuatro mujeres trans en el país han sido víctimas de algún ataque. Esto repercute también en el campo laboral, donde la incidencia de acoso y violencia dentro del trabajo (si es que lo encuentran) aumenta un 18 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Por eso, la venta callejera de productos varios es una alternativa para muchas disidencias que enfrentan muchos tipos combinados de violencia en el trabajo, incluido, la negación al mismo.
De tal manera, el ataque contra Donají no se trata nada más de un acto «reprobable» por parte de un par de funcionarios públicos; es la continuación de una larga cadena de violencias en contra de las poblaciones trans. Criminalizar su trabajo callejero es precarizar aún más sus condiciones de vida y no basta con procesar judicialmente a los culpables.
La responsabilidad de la jefa de gobierno, Clara Brugada y de la presidenta Claudia Sheinbaum, es establecer políticas, con sus mecanismos y presupuestos, dirigidas a facilitar la vida y la dignidad de las personas disidentes, quienes están al borde del sistema económico, no por voluntad, sino porque este mundo continúa siendo profundamente hegemónico y violento.
