Si bien en Hidalgo ya contamos con una ley de identidad de género que permite a las personas trans rectificar sus datos en actas de nacimiento y otros documentos oficiales, además de una ley que reconoce a las personas no binarias, los pendientes son muchos.
Por supuesto, cuando se trata de cerrar las brechas de discriminación, siempre hay camino por andar; pero nada justifica que, en una sociedad que se jacta de ser democrática, existan personas de primera y de segunda categoría.
De tal modo, las personas trans continúan rezagadas en sus derechos porque, si bien se les reconoce su identidad, la bota de la violencia institucional les sigue aplastando al momento de buscar justicia frente algún delito cometido en su contra; o bien, en algo tan básico como encontrar un empleo y desarrollarse profesionalmente. La discriminación es latente.
De tal modo, es crucial que en Hidalgo se apliquen dos leyes y una política pública que ayuden a garantizar la vida y la seguridad de las personas trans en el estado:
La primera de éstas es la tipificación del Transfeminicidio; es decir, el castigo a los asesinatos por odio contra las mujeres trans, los cuales tienen que ser investigados y juzgados con perspectiva de género y de diversidad sexo-genérica. En ese sentido, continúan pendientes de ser esclarecidos los transfeminicidios de Fernanda Lavalle, cometido en la ciudad de Actopan en el año 2010, y el de Gaby Ortíz, ocurrido en Ixmiquilpan, a principios de 2024. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los culpables? No se sabe y la impunidad parece ser la norma cuando se trata de estos casos.
La segunda de estas leyes es la aprobación de la Ley de Infancias Trans; una iniciativa que se encuentra en el Congreso del Estado y que no ha sido llevada al pleno del Legislativo para su aprobación, pero que tiene, sí o sí, que ser aprobada en beneficio de muchas personas menores de edad con una identidad de género no normativa, que son víctimas de violencia institucional, social y cultural, en todos los ámbitos públicos. Hay que recordar que, de acuerdo con una encuesta del INEGI del año 2021, una de cada diez personas a partir de los quince años se identifica con una identidad de género diversa y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que es inconstitucional negarles su derecho a la identidad.
Y la política pública tiene que ir encaminada a la inclusión laboral de las personas trans. Aquí se cruzan dos estadísticas terribles. Una, la de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual reconoce que tener una identidad de género no normativa aumenta la posibilidad de negativa de empleo o de sufrir violencia laboral. La otra, es la de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, la cual señala que entre la probabilidad de que se les niegue un trabajo a la población LGBTTTIAQ+ oscila entre el 5 y el 19%, siendo las mujeres trans las más afectadas.
Esto significa que hay un grupo de personas totalmente aptas para el trabajo que no encuentran un empleo simplemente por ser quienes son. Esto es un apartheid social y económico que no puede ser tolerado en ningún lugar, tampoco en Hidalgo.
Por supuesto, las urgencias se acumulan; pero estas son tres posibilidades de adelantar derechos para un grupo que es vulnerado desde temprana edad. De tal modo, el Estado debe cumplir su tarea y garantizar su objetivo de llevar justicia y derechos a todas las personas, sin discriminación. Lo único que se necesita es voluntad política.
