El primero de junio, impecablemente vestido con un traje color gris oxford, el presidente magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Leodegario Hernández Cortez, advirtió en entrevista con Desde Abajo: «Lo único que pudiera preocuparme es que sobrevenga una tentación autoritaria, que no lo veo yo deseable para nuestra democracia».
La declaración no fue casual, como tampoco lo fue la pregunta que la detonó.
Su respuesta devino a solicitud de obtener su punto de vista sobre el estado de la democracia en Hidalgo en los tiempos del gobernador Julio Menchaca Salazar quien es, en teoría, el primer mandatario electo por un partido distinto al PRI; y en teoría, el primero por un partido de izquierda, Morena.
Pero algo en el ambiente político parece no convencer a Hernández Cortez.
Hijo de dos luchadores sociales que formaron parte de la insurgencia indígena contra los terratenientes de la Huasteca, apuntala sobre eso que pudiera preocuparle: «… que de nuevo tengamos que volver al pasado de donde venimos».
¿Avizora un peligro? ¿Se erige como un agorero político? ¿O hay elementos para sospechar que el régimen autoritario no se fue del todo?
No es para menos. Se trata de un régimen que persiguió a opositores de izquierda, utilizó las estructuras del Estado para la represión y separó a Leodegario Hernández Cortez de sus padres durante toda su infancia, perseguidos por los guardias blancas y la policía del gobierno.
Peligro real o no, Hernández Cortez echó mano de su oficio jurista para adelantar la vía para defendernos ante el riesgo de la vuelta al autoritarismo, en pleno gobierno morenista. Afirmó en entrevista: «Pues de entrada instrumentando los medios de defensa que tenemos a nuestro alcance para oponernos a cualquier decisión arbitraria. Siempre lo he dicho».
¿Injerencismo del Congreso en el Tribunal Electoral?
Esta última conseja de Hernández Cortéz se materializó exactamente dos meses después de su advertencia. Sus augurios parecen fundados y estarían llegando más temprano de lo esperado.
El Tribunal que preside rechazó la designación por parte del Congreso local de Jonnathan Pérez Ledezma como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Se trata de un personaje vinculado a César Román M. V., exsecretario de la Contraloría durante el sexenio de Omar Fayad Meneses, vinculado a la trama de corrupción denominada «Estafa siniestra» que habría desviado más de dos mil cuatrocientos millones de pesos en recursos públicos.
Pérez Ledezma fue propuesto como contralor interno del Tribunal Electoral por parte de la Junta de Gobierno del Congreso local, presidida por Andrés Velázquez Vázquez, padre de Alejandro Velázquez Mendoza, secretario particular del gobernador Julio Menchaca Salazar.
Fuentes internas del Ejecutivo, estiman que la candidatura de Pérez Ledezma como contralor interno del Tribunal Electoral del Estado habría sido ordenada desde el Despacho del Ejecutivo, operada por Alejandro Velázquez Mendoza en coordinación con el secretario de la Contraloría del Gobierno estatal, Álvaro Bardales Ramírez y el titular de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, Jorge Valverde Islas.
La designación fue votada en el pleno del Congreso por la mayoría de las y los legisladores el 29 de julio pasado.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo no está de acuerdo con esta designación y ha promovido un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el propósito –señala– de salvaguardar la «autonomía e independencia» del órgano jurisdiccional local.
El Tribunal Electoral hidalguense esgrime que la designación de su contralor interno por parte del Congreso del estado viola la constitución, porque un poder está decidiendo por otro. En otras palabras, es injerencismo.
En un comunicado, el Tribunal señala que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales «establecen que los tribunales electorales locales deben ejercer sus funciones con autonomía técnica y de gestión, libres de cualquier injerencia de otros poderes públicos;
«Que la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control por parte de un poder distinto al propio órgano jurisdiccional representa una intervención en su organización y funcionamiento interno, comprometiendo las garantías de independencia que la Constitución reconoce a los tribunales electorales;
«Y que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sostenido, en diversos precedentes, que disposiciones de esta naturaleza resultan incompatibles con el principio de autonomía de los tribunales electorales, al propiciar mecanismos de influencia externa sobre su estructura administrativa».
Por tanto, le piden a la Sala Superior del TEPJF que erradique la designación de Pérez Ledezma, deje sin efecto cualquier acto jurídico relacionado y, quizá lo más importante de todo: que «determine la inaplicación» de cualquier disposición establecida en la Constitución Política del Estado de Hidalgo y de las leyes locales que avalen tal presunto injerencismo.
Es decir, lo que el Tribunal Electoral local está haciendo es promover una controversia constitucional que podría cambiar por completo la idea de que el Congreso del Estado puede mandar sobre otros organismos autónomos con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo o el Instituto Estatal Electoral.
De ganarlo, Leodegario Hernández Cortéz obligaría a un cambio constitucional sin precedentes en la entidad.
Por ejemplo, orillaría al Congreso local a cambiar su ley orgánica para que, en lo sucesivo, deje de tomar ese tipo de «decisiones arbitrarias» como las que advirtió el propio Hernández Cortéz en entrevista hace dos meses, impecablemente vestido en un traje gris oxford.
El tiempo, que en política no sigue reglas, parece cumplir los augurios del magistrado; quizá, más pronto de lo deseable. ¿Qué otras tentaciones autoritarias podría estar advirtiendo?
