Al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Gobernador del Estado de Hidalgo y a la Sociedad Hidalguense:
Tras 18 meses de espera, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) dictó su sentencia. Luego de que el 3 de Enero de 2006, fui prácticamente desalojado de mi oficina en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por instrucciones de Adolfo Pontigo Loyola, director del ICSHU, con lujo de intimidaciones, presión y engaños, sin que hubiera ninguna justificación y sin que presentaran ninguna notificación por escrito, lo cual configuró desde es instante un despido injustificado
Por: Dr. Pablo Vargas González
Dado que ese acto incluía una serie de transgresiones a mis derechos civiles, laborales y políticos, recurrí a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED), instancias que dictaminaron que se investigara a fondo y se me restituyeran tales derechos. Dada la cerrazón de las autoridades de la universidad, que en todo tiempo se negaron al dialogo y nunca expusieron mi situación jurídica, acudí a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y entable una demanda (expediente 04/2006).
El juicio estuvo plagado de amenazas por parte de los abogados de la UAEH, y de anomalías, irregularidades y negligencia por parte del personal de la JLCA, empezando por el presidente Andrés Navarrete, quien hizo caso omiso del “conflicto de interés” puesto que es empleado de la UAEH, cobra como profesor en el mismo instituto donde se originó el conflicto. El 8 de junio el pleno de la JLCA dictó una sentencia en que “absuelve” y perdona a los representantes de la universidad de restituirme el empleo, y los absuelve de pagar todo tipo de prestaciones incluida las establecidazas por la Ley Federal del Trabajo.
Toda esta sentencia se basó en un documento falso y alterado, producto de un delito de orden penal que la JLCA consideró como válido. Es un documento donde supuestamente digo “Que ya estoy cansado del maltrato hacia mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas, que es todo lo que tengo que manifestar”, un párrafo que agregaron las autoridades de la UAEH a una acta de entrega recepción de mi oficina de la que me sacaron con lujo de intimidación, engaños y violencia verbal. Lo anterior no sólo es pueril y ridículo, sino que violenta todo tipo de legalidad.
Debido a que la sentencia me priva de mis derechos fundamentales y es un claro despojo de 23 años de labor universitaria, y dado que la Junta de Conciliación representa al Poder Ejecutivo Local, le solicito haga una profunda renovación de esa instancia creada para proteger y tutelar los derechos laborales. Los trabajadores hidalguenses no se merecen autoridades laborales carentes de sentido de justicia y honorabilidad, que en pleno siglo XXI se coluden y corrompen con el poder económico y político dando pasó a la impunidad y a la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
A T E N T A M E N T E
Pachuca, Hidalgo, a 3 de julio de 2007.
Dr. Pablo Vargas González
Los comentarios están cerrados.