por Otilia G. Sánchez Castillo / DESDE ABAJO
El despido de Carmen Aristegui de su noticiero en MVS, el pasado 6 de febrero, por un comentario editorial en el que hizo referencia a una manta mostrada por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña durante la protesta realizada en la Cámara de Diputados el día 4 de febrero, ha demostrado una vez más que la violación de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, es algo que se considera parte de la normalidad por parte de diversas personas que ostentan el poder.
De inmediato la ciudadanía respondió con diversos actos de protesta contra la censura y de apoyo a la periodista Carmen Aristegui. En la red las acciones solidarias y de protesta no se hicieron esperar. Un ejemplo es la página en Facebook “No a la censura de Carmen Aristegui en MVS”, que abrieron los hermanos Rodrigo y Héctor Gabriel Legorreta, ambos estudiantes de la UNAM y vecinos de esta ciudad de Pachuca, página que en una semana tenía registradas a 29,707 personas.
Estos mismos hermanos, ante las agresiones cometidas en contra del derecho a la libertad de expresión y de la libertad de información, tanto a la reconocida periodista Carmen Aristegui, como a diversos y diversas periodistas en el estado de Hidalgo, convocaron el pasado domingo a un acto simbólico de protesta en la Plaza Juárez de esta ciudad. Y no es para menos. En lo que va del año se han documentado al menos 5 agresiones a periodistas de nuestro estado. Estas agresiones van desde golpes, pasando por la violencia contra la intimidad, hasta el despido, como es el caso del periodista Luis Alberto Rodríguez, quien cuenta con importantes reconocimientos en materia de derechos humanos. La causa de estas agresiones tiene que ver con su labor periodística.
Ante estos hechos, la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras capítulo Hidalgo, AMMPE-Hidalgo, elaboró un informe de los casos registrados y documentados de agresiones a periodistas en nuestro estado, del año 2000 a la fecha, que si bien no registra en su totalidad todas las agresiones, si permite tener un panorama general de la violencia hacia las y los periodistas, y hacia las libertades de expresión y de información.
Este informe fue entregado por AMMPE-Hidalgo hace una semana a la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo XIX y al Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de hacer de su conocimiento estas agresiones y solicitar protección. Ambas organizaciones ofrecieron su apoyo total, además de capacitación, asesoría jurídica, y asesoría psicológica. Artículo XIX, además emitió una alerta “ante la serie de actos intimidatorios, acoso y estigmatización en contra de la periodista Verónica Jiménez Ramírez debido al trabajo periodístico que ha desempeñando en los últimos años.”
De acuerdo con las observaciones preliminares de la más reciente visita a nuestro país de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dra. Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue, que tuvo lugar del 9 al 24 de agosto de 2010, concluyeron que “el pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos… De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares.
Hay que recordar a las autoridades que esta responsabilidad le corresponde a los tres niveles de gobierno.
Por la gravedad de la situación que enfrenta la libertad de expresión y las personas que se dedican al periodismo en el país, resulta urgente que el Estado mexicano adopte una política integral de prevención, protección, y procuración de justicia.
