Comunicado de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) México / HIdalgo sobre el Dia Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres en donde exigen políticas y programas a partir de pactos y convenciones internacionales que reafirmen el derecho a la salud sexual y reproductiva como un componente esencial del derecho a la salud de las mujeres.
Las asistentes al Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1981, señalaron el 25 de noviembre para visibilizar y realizar actividades de sensibilización con la población sobre la violencia hacia las mujeres. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de la ONU declaró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres para que los gobiernos atiendan este grave problema.
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (ddeser) exigimos al Estado la ejecución de acciones suficientes para garantizar la salud plena de todas las mujeres y niñas mexicanas, ante la insistente y necia postura de los poderes de gobierno que se niegan a crear y aplicar las leyes necesarias para garantizar todos los derechos de nosotras las mujeres, para que podamos decidir con libertad, de manera responsable e informada, sobre nuestros propios cuerpos y maternidad, contraviniendo los compromisos formales que a nivel internacional México ha firmado y asumido.
En su informe sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Anand Grover, en el documento, hecho público en fecha reciente y dado a conocer por el propio Secretario General de la ONU, reveló además que, ante la penalización que imponen algunos gobiernos a la interrupción del embarazo, la necesidad de recurrir a servicios de salud ilegales y la intensa estigmatización del procedimiento del aborto y de las mujeres que se someten a él, pueden tener efectos perniciosos para la salud mental de la mujer.
De manera contundente, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que el ejercicio del derecho a la salud requiere la eliminación de las barreras que interfieren en la adopción de decisiones relacionadas con la salud y el acceso a los servicios, la educación y la información, en particular a las que afectan a las mujeres y a las niñas.
Como ya es bien sabido, el estigma resultante de la penalización del aborto crea un círculo vicioso. El representante de la ONU expresó en su informe que la tipificación del aborto como delito empuja a las mujeres a hacerlo de manera clandestina, con el peligro que ello puede conllevar. El estigma resultante de un aborto ilegal y, por consiguiente, de una conducta delictiva, perpetúa la noción de que el aborto es una práctica inmoral y de que el procedimiento es intrínsecamente peligroso, lo que a su vez refuerza la continua penalización de esta práctica. Esta es la absurda realidad que vivimos las mujeres en nuestro estado y todo por los prejuicios retrógrados que unos cuantos imponen a quienes hacen las leyes o las aplican.
Es destacable que la Organización de las Naciones Unidas, a través del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos, ha recomendado despenalizar el aborto, entre otras medidas para garantizar el derecho de todas las mujeres al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
La ONU, de la cual México forma parte, también recomendó a los Estados proporcionar servicios de salud seguros y de buena calidad, incluido el aborto, de conformidad con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como establecer políticas y programas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de servicios seguros, fiables y de calidad para tratar las complicaciones derivadas del aborto y prestar los cuidados posteriores, de conformidad con los protocolos de la propia OMS.
Sin embargo, la realidad en nuestro estado, de manera lamentable, es muy diferente y está muy alejada de las recomendaciones de la ONU. Entonces ¿qué importa más a quienes legislan aquí, lo que dicta el Vaticano o lo que recomienda la ONU a un Estado laico, como es México?
Los gobiernos están obligados a promover, aprobar y aplicar leyes, así como políticas públicas, acordes a los compromisos formales asumidos por México, con el fin de garantizar y hacer realidad el derecho a la salud para todas las mujeres y niñas mexicanas. Al impedir este derecho debido a prejuicios sociales o por presiones de los poderes fácticos, quienes se erigen como autoridades están violando su juramento de obedecer y hacer cumplir la Constitución federal, así como el carácter laico del Estado mexicano.
La violencia institucional contra las mujeres se mantiene vigente en nuestro estado a través de maneras menos visibles pero igual de graves, como la negación de servicios de salud adecuados y oportunos cuando acudimos a las instituciones públicas correspondientes en busca de orientación, información e insumos para prevenir embarazos o al solicitar la interrupción del embarazo en casos de violación, pero debido a los prejuicios sociales del personal médico y a la falta de voluntad política de las autoridades –que es oportuno recordar, son nuestros empleados–, no recibimos la atención que merecemos y que ordena la ley, así como los tratados internacionales firmados y asumidos por México.
Cuando una mujer maltratada o violada acude a denunciar los hechos ante el sistema de procuración de justicia y como respuesta recibe la burla e incluso la agresión de la autoridad, o la negación u omisión que impiden el acceso de sus derechos entonces, como sucede con frecuencia en nuestro país, se ejerce una vez más la violencia institucional por motivo de género, cuando el Estado a través de sus instituciones debe tomar en cuenta la dignidad de las personas para que sean libres de tomar decisiones personales.
Hoy como desde hace 30 años exigimos
Acciones de los gobiernos federales, estatales y municipales para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Aprobación de las reformas legislativas a nivel estatal que recomienda la ONU con un mayor compromiso social por parte de los estados, reflejado en hechos de gobierno, hacia el derecho a la salud de las mujeres.
Políticas y programas a partir de pactos y convenciones internacionales que reafirmen el derecho a la salud sexual y reproductiva como un componente esencial del derecho a la salud de las mujeres.
RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MEXICO/HIDALGO
