Otro periodista mexicano, Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, fue ultimado hoy a balazos, confirmaron fuentes policiales de ese estado donde se libra una guerra campal entre cárteles del crimen organizado.
Se trata del sexto reportero asesinado en lo que va de este año, y engrosa la lista de hombres de la prensa ultimados en el país por el crimen organizado fundamentalmente, lo que hace de México la nación con más crímenes de reporteros a pesar de los programas de protección que desarrolla el gobierno.
Linares López, había denunciado amenazas tras ejercer un periodismo crítico en Zitácuaro y esta tarde se cumplieron cuando sicarios lo acribillaron a balazos.
Apenas el pasado 31 de enero le sucedió lo mismo a Roberto Toledo, quien laboraba para el medio dirigido por Armando. Hasta el momento no se conocen más detalles del crimen. (Prensa Latina México / Desde Abajo MX)
La Comisión de la Verdad que atenderá los casos del periodo de la guerra sucia presentará resultados lo más pronto posible para hacer justicia, con el fin de que nunca más se repitan violaciones a derechos humanos y se aleje la tentación de gobiernos autoritarios, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al encabezar la instalación de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a DDHH cometidas entre 1965 y 1990, el primer mandatario estableció el compromiso de investigar y conocer la verdad sobre lo sucedido durante el periodo de la guerra sucia:
“Saber qué sucedió, cómo se dieron los hechos, quiénes fueron los responsables, conocer la verdad. Ojalá y se terminen las investigaciones, lo más pronto posible. Yo quiero que antes de que concluya mi mandato podamos informar y hacer justicia. Sobre todo, para nunca más vuelva a suceder, y que se aleje la tentación de los gobiernos autoritarios, represivos, violadores de derechos humanos, para que nunca más vuelva a pasar esto en el país.”
Anunció que se permitirá el acceso a los archivos de todas las dependencias del gobierno federal, sin obstáculos ni impunidad para nadie, y dijo que ante el reto que significa sistematizar la información, habrá recursos suficientes para la Comisión de la Verdad:
“Y aunque sí es un trabajo intenso, resolver lo de la reparación de los daños. Pueden contar con nosotros en eso, es mi compromiso.”
Destacó que los trabajos y resultados de la Comisión de la Verdad nos conducirán hacia la no repetición y afianzar la cultura de respeto a los derechos humanos en el país.
En ese contexto, reveló que al inicio de la administración integrantes de la Secretaría de Marina secuestraron y ejecutaron a pobladores de una comunidad de Puebla, por lo que el secretario Rafael Ojeda Durán determinó la detención de los elementos responsables:
“Nadie se enteró, pero fue una decisión que tomó el almirante sin que se haya presentado una denuncia a derechos humanos, sino: eso no se permite, eso no se tolera, eso ya se acabó.”
Al tiempo de resaltar la importancia de estigmatizar la represión de la misma forma que ocurre con la corrupción, el presidente señaló que se mantiene el compromiso de Estado de resolver el caso Ayotzinapa, y reveló que ha recibido respuesta del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, a la carta donde solicita apoyo para la extradición de Tomás Zerón de Lucio, implicado que huyó hacia aquel país para evadir la justicia:
“Le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos, y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad.”
Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a DDHH 1965-1990
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, recordó que durante muchos años, las graves violaciones a derechos humanos cometidas fueron sistemáticamente negadas a las víctimas, los sobrevivientes y familiares, a quienes no sólo se les negó el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra; también –sostuvo- se les negó el reconocimiento de sus memorias y de sus historias sometidas al olvido y a la estigmatización institucional.
Recalcó que la magnitud de esta deuda histórica mantiene una herida abierta que requiere respuesta clara por parte del Estado mexicano, por lo que destacó que esta es una oportunidad única que no se puede desperdiciar e hizo el compromiso de rendir cuentas a las víctimas, a los sobrevivientes y a la sociedad mexicana para cerrar esta herida abierta en la historia de nuestro país.
Señaló que la Comisión de la Verdad contará con cinco instrumentos: un Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, encabezado por un grupo de personas expertas independientes; un Comité de Impulso a la Justicia; un Programa Especial de Búsqueda; un Programa Especial de Reparación y Compensación; y la construcción de un Centro Nacional de Memoria para los Derechos Humanos, así como el impulso de una Ley de Memoria.
Informó que las cinco personas expertas que forman parte de la Comisión de la Verdad son: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.
También acompañaron al presidente: la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; y el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
Igualmente, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María Rosario Piedra Ibarra; el representante de Personas Comisionadas Expertas, Abel Barrera Hernández; la representante de familiares, víctimas y sobrevivientes, Tita Radilla Martínez; y el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.
Este lunes 4 de octubre, todas las redes sociales dependientes del emporio digital de Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram y WhatsApp) sufrieron un colapso que mantuvo por alrededor de 8 horas sus servicios fuera de línea. Según reportes de Bloomberg, Dichos problemas técnicos, le costaron a Zuckerberg cerca de 4 billones de dólares, e incluso salir del top 5 de personas más ricas del mundo (que seguramente será solo por unos días, dado que la dinámica sistémica seguramente le ayudará a ponerse de pie en breve), además de un colapso financiero en la bolsa de valores.
A sus adictos más acérrimos, la ausencia de la Social Media más popular, tal vez les provocó altos niveles de ansiedad por las horas sin la validación digital de sus pares; aunque, por otro lado, a algunas otras personas, solamente nos ayudó a redescubrir otras redes olvidadas, a asomarnos por la ventana, e incluso a llegar al grado tal de acciones vintage como volver a marcar por teléfono para comunicarnos.
Pero, más allá de los problemas financieros de su dueño y de la ansiedad que nos provoca el menor rasgo de sentimiento de soledad ante el mundo, las horas sin este imperio digital, también nos tendría que hacer considerar su valor social (el que tiene y del que carece) y sus prioridades de cómo califica aquello a lo que nos exponemos en ellas.
Un suceso personal, justo el fin de semana previo, me hizo considerar la caída de estas redes (y todo el dinero que perdieron en solo unas horas) como una suerte de justicia poética, porque sus algoritmos cada vez están más lejos de entender lo que son espacios sociales seguros, a pesar de que se pasan predicando justo eso, con mensajes absolutamente doble moralistas acerca de sus pseudo valores de contenido:
Justamente, dos días antes de #FacebookDown, hice algo que, normalmente, simplemente ignoro: reporté una publicación… No la voy a citar, pero básicamente un usuario de una Fanpage que sigo, decidió que el 2 de octubre era un buen momento para hacer un “chiste” sobre Tlatelolco y para burlarse de las y los 43 de Ayotzinapa. Una hora después del reporte, Facebook me envió una notificación con este mensaje:
“Revisamos el comentario que reportaste y determinamos que no incumple ninguna de nuestras Normas comunitarias. Por este motivo no lo eliminamos”.
Para Facebook, el que alguien hiciera comentarios burdos y en apología de la matanza / desaparición de estudiantes, no representa un problema, aun cuando en su formato de reporte, aparecen las opciones “lenguaje que incita al odio” y “burla hacia victimas” …
Pero esta pasividad no fue exclusiva de esta vez:
Hace unas semanas, vi un comentario de un tipo haciendo una clara analogía racista en contra de una actriz afrodescendiente… el usuario estaba ofendidísimo porque en una serie de próximo estreno, le han cambiado la raza a un personaje y “eso destruía su infancia”, lo que, por supuesto ante su lógica, le daba todo el derecho de insultar a la actriz basándose en su color de piel… ¿la respuesta de Facebook? “El comentario NO infringe nuestras normas” …
Y tal vez la más grave: hace algunos meses, una página que seguía, hizo una publicación con la foto de una menor de edad (hija de un muy famoso director de cine) en traje de baño, más un montón de vatos en los comentarios sexualizándola.
Sin mentar madres, yo comenté que la niña de la imagen tenía 16 años… y la mayoría de los usuarios se me fueron encima… El mismo administrador del sitio me mandó al carajo: “yo tengo 17 años”, dijo, asumiendo que eso “le da derecho” a sexualizarla… así que dejé de seguir el sitio, y reporté la publicación y los comentarios abiertamente pedófilos en ésta …
Y la respuesta de Facebook, simplemente fue “El contenido NO infringe nuestras normas” …
¡Ah, pero mucho cuidado! No se les ocurra siquiera colocar una imagen de alguien como Varg Vikernes, o poner un enlace a su música… y por ningún motivo, se les ocurra subir una foto que haga siquiera la más mínima analogía a un avión cerca de dos torres… porque la red los va a mandar 30 días a la congeladora.
¿Qué puedo decir? El valemadrismo de esta red me está haciendo considerar dejar ésta y todo el Social Media… pero, por otra parte, supongo que no es culpa completa del medio digital: al final, lo único que están haciendo, es permitirnos exhibir el lado más bajo y repulsivo que tenemos como humanidad:
Este tipo de doble moral debería darnos pie a reconsiderar si – estos ambientes digitales tan llenos de frustración y donde hemos convertido las redes en una banqueta donde creemos que está bien escupir todo el veneno que queramos mientras escudamos nuestro odio en la falacia de la “libertad de expresión” (un concepto que ni siquiera entendemos) – es de verdad algo que debería preocuparnos “perder” por 8 horas… Tal vez, de vez en cuando, el quedar desconectados, el alejarnos de nuestra necesidad de aprobación, de nuestra necesidad de soltar odio en nombre de la libertad de expresión, y apartarnos de la doble moral corporativa, no sea algo tan malo.
Tal vez la maldita e irremediable Sociedad Red no nos permita abandonar del todo la hegemonía del Social Media en la dinámica de comunicación de la posmodernidad… pero no nos hace mal tener, ocasionalmente, un par de días como el #FacebookDown, donde el silencio digital nos permita recuperar nuestra humanidad, empatía y decencia por un par de horas…
Recientes acciones tomadas por gobiernos en distintos estados de México ponen en riesgo la libertad de expresión y de reunión en el país y podrían ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional.
En el estado de Tabasco, diputados locales aprobaron una reforma que criminaliza las manifestaciones públicas. La reforma establece prolongados periodos de prisión como pena por actos que busquen oponerse a algún proyecto u obra pública o privada y también por realizar cierres de calles y otras vías de comunicación.
“La iniciativa legislativa en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México. Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización considera que la restricción está redactada en términos tan amplios que, en los hechos, anularía la capacidad de las personas de reunirse y expresar libremente sus ideas respecto a proyectos aprobados por el gobierno.
Este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos.
Desde 2016, el gobierno federal ha usado ese tipo de delito para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.
Por otro lado, el pasado viernes 26 de julio, estudiantes y otras personas que se manifestaron en el estado de Jalisco en contra de un anunciado aumento al costo del transporte público, reportaron la intervención excesiva de las autoridades, incluyendo abuso de la fuerza por parte de agentes de policía. Varios manifestantes fueron golpeados en circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación.
“Estas acciones muestran la fragilidad del ejercicio de los derechos humanos en México” dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y advirtió sobre: “la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades.
