Evalúa CDHDF injusticias y violencia sobre los derechos laborales en México

Así lo manifestó el obmudsman capitalino, Luis Plascencia, durante el acto público realizado en la sede de la CDHDF, en el que una representación de Tribunal Internacional le entregó un expediente en el que se documentan las agresiones y omisiones cometidas por diversas autoridades, en particular de la capital, en perjuicio de miembros de movimientos y sindicatos que buscan ejercer sus derechos laborales y de organización.

México, DF (DESDE ABAJO).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se comprometió hoy a evaluar y pronunciarse en relación con las denuncias presentadas por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS), en torno a las violaciones de derechos humanos, amenazas y dilación de justicia de que son víctimas las y los trabajadores de la capital mexicana como consecuencia de su ejercicio constitucional de libre organización sindical. Además, la CDHDF promoverá una audiencia pública para analizar detalladamente estas violaciones.

Así lo manifestó el obmudsman capitalino, Luis Plascencia, durante el acto público realizado en la sede de la CDHDF, en el que una representación de Tribunal Internacional le entregó un expediente en el que se documentan las agresiones y omisiones cometidas por diversas autoridades, en particular de la capital, en perjuicio de miembros de movimientos y sindicatos que buscan ejercer sus derechos laborales y de organización.

Luego de escuchar las denuncias de diversos movimientos sindicales, Luis Plascencia indicó que es necesario combatir, como ya lo hace la CDHDF, la visión en extremo legalista y formal de que las comisiones de derechos humanos no tienen injerencia en asuntos relacionados con los derechos laborales. “Es preciso que el derecho laboral sea domesticado a la luz de los derechos humanos; tenemos que abrir la discusión para dar voz pública y señalar las violaciones aquí expresadas”.

Explicó las limitaciones de la CDHDF para conocer el fondo de los casos, situación que se dirime en las instancias laborales pertinentes, sin embargo, aseguró que el objetivo de la Comisión es que las distintas instancias de gobierno garanticen el respeto de los derechos de las y los trabajadores.

“Hay formas de atender los conflictos planteados, porque implica que dentro de los centros de trabajo se violan los derechos de mujeres, se pone en riesgo la integridad personal y otras cosas que en conjunto se conceptualizan como seguridad humana”, agregó el defensor de la ciudadanía.

En respuesta a la denuncia que presentó Blanca Velázquez, del Centro de Atención al Trabajador de Puebla, por amenazas que ha recibido esa organización y ella en particular, Luis Plascencia expresó su preocupación y le garantizó la atención debida para solicitar las medidas precautorias necesarias para salvaguardar su integridad.

Por su parte, a nombre del Comité Organizador del TILS, Héctor de la Cueva, expuso que ese Tribunal ha venido demostrando que la violación de los derechos laborales es también una violación a las garantías individuales y a los derechos humanos básicos.

Aseveró que la violencia que sufre la sociedad mexicana se ha extendido al ámbito laboral por la irresponsabilidad del gobierno que es incapaz de respetar la libre organización sindical; porque, además, promueve arbitrariedades, injusticias y la represión directa contra las y los trabajadores.

“México es un país inmerso en una espiral vertiginosa de violencia y la población demanda salir de ella. El primer paso que debería darse es acabar con la violencia del Estado mexicano en contra de la población y las y los trabajadores”, enfatizo Héctor de la Cueva. Eso es competencia de los organismos de derechos humanos, por eso el TILS recurre a la CDHDF, porque tiene mucho que hacer en la eliminación de los atropellos contra la clase trabajadora.

Héctor de la Cueva recordó que en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se ha desatado una nueva y feroz campaña de desprestigio, acusando a sus miembros de atacar a quienes trabajan en nombre de la Comisión Federal de Electricidad. “Los acusan de violencia —agregó—, cuando ellos han sido los violentados durante más de un año; ellos fueron las víctimas de la violencia cuando el ejército ocupó por la fuerza sus centros de trabajo”.

Durante la exposición de casos hizo uso de la palabra el secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua, quien ennumeró los las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido ese gremio: el gobierno manipula las leyes para agredir a toda la ciudadanía al extinguir una empresa pública y con ello dejar en el desempleo a más de 44 mil personas, con lo que se violó el derecho al trabajo.

Informó que en Necaxa, Puebla, dos trabajadores se han quitado la vida luego de no poder encontrar trabajo; además hay un asedio constante contra los miembros de la dirección del SME. Indicó que este miércoles el secretario general del SME, Martín Esparza fue agredido física y verbalmente en la Cámara de Diputados con la complicidad de diputados panistas, entre ellos Felipe de Jesús Cantú.

En su oportunidad, representantes de otros movimientos hicieron denuncias de sus casos, como la representante de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp), quien padece cáncer y que durante una emergencia médica fue sacada de la ambulancia, por órdenes de los directivos de Pemex, para obligarla a firmar su desistimiento de esa organización.

Una trabajadora de Atento call center se refirió a la discriminación, abuso y acoso constantes de que son víctimas las mujeres que laboran en esa empresa, subsidiaria de Telefónica de España. Detalló también cómo fueron intimidados por golpeadores de la empresa durante un recuento sindical realizado el año pasado.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), enfatizó que el Gobierno del Distrito Federal, que opera como patrón en muchos casos, no ha acatado las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación con el incumplimiento de laudos favorables a las y los trabajadores.

El Gobierno del Distrito Federal ha hecho caso omiso en cuanto a la necesidad de brindar recursos a las juntas y comisiones de Conciliación Arbitraje para que puedan realizar su trabajo de manera eficiente, porque en este momento los juicios pueden durar hasta siete años, lo que obliga a los trabajadores a renunciar a pelear sus derechos, ante tanta tardanza.

Las autoridades de la ciudad de México tampoco han puesto atención suficiente para la erradicación de golpeadores; hay personas que amenazan, contratados en la colonia Buenos Aires o Doctores y que por 500 o 1000 pesos atacan a los trabajadores.

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