México: En la opacidad y sin transparencia

por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO

Curiosamente en el momento de que se daban a conocer los resultados del Índice de corrupción 2010, presentada por la organización Transparencia Mexicana, que muestra retrocesos en esta materia, en el nivel federal y los estados, en la Cámara de diputados se daba carpetazo a la propuesta para mejorar la Ley de transparencia. Aquí es aplicable la frase “en política no hay coincidencias”.

En 1977 el art. 6º constitucional estableció por primera vez que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Empero, la ciudadanía no contó con mecanismos efectivos para hacer valer dicho derecho. La situación mejoró en 2002 con la promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y su entrada en vigor en 2003.

Loa analistas hablaron de modo optimista de esta como “la reina” de la reforma política; sin embargo con el correr de los años se observaron candados y severas restricciones para que los ciudadanos pudieran ejerzan el pleno derecho a la información. De tal suerte, que la misma comisionada del IFAI habla de la necesidad urgente y necesaria para darle plena autonomía y

Ante este avance parcial, en 2007 se reformó el artículo 6º constitucional, que ahora establece: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal, municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público”.

Desde 2007, un conjunto de organizaciones civiles de México presentó el “Informe de la Situación de los Derechos Humanos en México”, en el que proponen diversas recomendaciones, para el ejercicio pleno de las garantías fundamentales entre las que destacan (CENCOS, 2007: 69-80):

– Profundizar el derecho a la transparencia y acceso a la información.

– Reformar las leyes estatales en esta materia para que se apeguen a los principios de máxima publicidad de la información y de acceso a ella.

– Reducir y eliminar la discrecionalidad de los sujetos obligados para que no destruyan, escondan o reserven documentos que deben ser de acceso público.

– Mejorar los mecanismos y acciones para la rendición de cuentas de las autoridades federales, estatales y municipales.

La decadencia y descenso en materia de transparencia y rendición de cuentas qued manifiesta con el informe que presenta, la organización autonoma Transparencia Mexicana de los resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010. El índice cayó 3 décimas, registrando 10.3 casos de corrupción por cada 100 ocasiones en que se realizó un trámite o servicio seleccionado. 16 entidades federativas lograron reducir sus niveles de corrupción en trámites y servicios seleccionados por el organismo ciudadano entre 2007 y 2010. Otras 16 se mantuvieron sin cambio o empeoraron. Los hogares mexicanos reportaron Los hogares mexicanos reportaron más de 200 millones de transacciones irregulares para los 35 trámites y servicios.

En este contexto desde 2010 en la Cámara de Diputados se venía procesando una reforma a la ley de Transparencia, promovida directamente por el IFAI: “las reformas buscaban blindar a la institución contra una serie de acciones sistemáticas de distintas entidades del gobierno federal que socavan su funcionamiento y atentan contra el derecho constitucional de los ciudadanos a la información pública… En todo caso, lo que está en juego es el avance o retroceso en materia de acceso a la información pública y de escrutinio ciudadano a las acciones de gobierno. La moneda está en el aire: transparencia o retorno a la opacidad” (La Jornada, 9 de abril de 2011).

Por eso decimos que ante tal cúmulo de evidencias que los mecanismos de transparencia corren el riesgo de quedar rebasados ante la campante corrupción en la sociedad y en el gobierno. Es necesario dar pasos firmes hacía una reforma por la transparencia y la rendición de cuentas donde la ciudadanía juegue un papel preponderante en la vigilancia de los presupuestos. Si no se toma en cuenta a los ciudadanos y si no se hacen reformas para contraloría social es casi seguro que continúe el pantano de la corrupción.

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