Ejército, violador de los Derechos Humanos
El reclamo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las entidades encargadas del manejo de la fuerza pública –Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Procuraduría General de la República– encabezadas por la Secretaría de Gobernación (SG), para que cesen las detenciones ilegales contra migrantes que realizan, tanto autoridades civiles como militares, sin estar facultados para ello, responden más a una política de seguridad impuesta desde el exterior –“combate al terrorismo»– que de asuntos de orden interno o de seguridad nacional.
Por: José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
Las únicas instancias facultadas por ley para detener a personas y constatar su condición migratoria son el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP). Las detenciones ilegales realizadas por elementos no facultados, incluso policías municipales y agentes de seguridad privada, propician que se abra un espacio para que los migrantes sean objeto de otra clase de vejaciones, como abusos sexuales, principalmente en agravio de mujeres y niños; lesiones, robos y extorsiones, entre otras.
La detención de migrantes, hecha por elementos de seguridad privada, incurren en la comisión de varios delitos, por lo que el INM, al verse suplantado en sus funciones, debe hacer la denuncia ante la autoridad competente.
Aparte de que en México padecemos de una impunidad legalizada, ya que la Ley de Población considera a la migración indocumentada como un delito y a los migrantes como delincuentes, lo que reclama una nueva legislación, la CNDH coquetea con las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos al hacer un reconocimiento a la SG y al INM “por su disposición a trabajar conjuntamente con la CNDH en favor de los derechos de los migrantes»; también elogió que “la Sedena haya girado instrucciones a su personal para que se abstenga de realizar esas verificaciones migratorias ilegales, aunque algunos elementos continúan efectuándolas, pero ya es en mucho menor medida». Tal parece que a dieciséis años de la existencia de la CNDH, ésta no se ha percatado cómo opera el aparato militar en México.
Otra noticia de militares que llena las primeras planas de los diarios, es el asunto de Oaxaca y el sitio del Palacio Legislativo de San Lázaro, que ahora no sólo violentan garantías individuales sino confrontan a los partidos políticos dentro del Congreso
Roberto Garduño y Ciro Pérez describieron en La Jornada (22-XI-06, p. 9): “A pesar de las denuncias de los vecinos, los diputados debieron experimentar en carne propia los excesos de policías y militares para demandar el retiro o por lo menos la flexibilización de los múltiples retenes instalados alrededor del complejo legislativo». Y el legislador Isidro Pedraza denunció ante la llamada máxima tribuna del país: “Ustedes deben saber que estas fuerzas, que están allá afuera, dan terror: están acusados de violación, son los mismos que violaron a las mujeres en Atenco, son los mismos que atropellaron los derechos de los campesinos en Oaxaca, y valdría la pena que los retirasen de este recinto».
Si a vuelo de pájaro hacemos un recuento de las violaciones a los derechos humanos en lo que va de esta administración “democrática», y los trabajos inútiles de la Fiscalía Especial Sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para esclarecer los crímenes del 68 y de la guerra sucia de los 70, nos queda claro que el problema de la impunidad hasta hoy intocado en México, está ligado directamente a los militares; es decir, al poder público, de cualquier índole o corriente política –de izquierda, centro o derecha–, ha protegido siempre al Ejército.
Así las cosas, sería criminal que la próxima administración deje sin investigación y sin castigo a los violadores de derechos humanos, que deje intocado a los poderes fácticos que amenazan a la seguridad nacional y sobre todo que deje impune la actuación histórica del Ejército, que si quiere transformarse en una institución de Estado, debe abocarse a la defensa exterior, ayudar a la población civil en casos de desastre, atender las convocatorias de Naciones Unidas en las misiones de paz, y lo más importante, subordinarse a la autoridad civil y ubicar al enemigo fuera de las fronteras y del espectro social.
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