. El día de hoy, 6 de febrero de 2007, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre la petición de ejercer la facultad prevista en el artículo 97 Constitucional, para investigar la presunta violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco, estado de México.
Otilia G. Sánchez Castillo / Desde Abajo
El día de hoy, 6 de febrero de 2007, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre la petición de ejercer la facultad prevista en el artículo 97 Constitucional, para investigar la presunta violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco, estado de México.
A pesar de diversos testimonios de las mujeres que fueron víctimas de golpes, tortura psicológica y violación sexual por parte de elementos de los cuerpos policiacos federales y del estado de México, en el mes de mayo del año pasado, diversos magistradas y magistrados aún consideran que el asunto no amerita del estudio del máximo tribunal, por lo que es muy probable que desechen la solicitud.
Me gustaría saber qué es lo que las magistradas y magistrados de la instancia más alta de administración de justicia de nuestro país, consideran que deben ameritar su atención. Al parecer la violencia hacia las mujeres no es algo importante de atender. Con esta actitud se demuestra una vez más la misoginia de una gran parte de las y los servidores públicos.
Estos actos, tanto de los violadores, quienes forman parte de los cuerpos de seguridad pública, como de las diversas instancias de gobierno, en los tres niveles, incluida la Suprema Corte de Justicia, lo único que hacen es validar la violencia de estado hacia las mujeres como una política instrumentada para el control social a partir de los cuerpos de las mujeres.
Esta misma política es la que hemos visto en el caso de Lydia Cacho, perpetrada por el “gober precioso», o contra mujeres y hombres simpatizantes con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, la vemos también ante graves omisiones de las autoridades como en el caso de la muerte de la niña Danna Paola aquí en Pachuca, o del reciente secuestro y violación sexual de una niña de 13 años en Chihuahua, a pesar de haber puesto sobreaviso a las autoridades en estos dos últimos casos.
Concuerdo con la Dra. Marcela Lagarde en que las mujeres “todas estamos expuestas a la violencia de género, carecemos como género de una posición de igualdad, de mecanismos indispensables de equidad en la vida social y en el Estado. Y, todas somos ciudadanas de segunda. Nuestros mínimos derechos humanos no son considerados y la supremacía masculina es mucho más que una obviedad en una sociedad patriarcal como la nuestra: permea todas las esferas de la vida social, el mercado, la política y la cultura».
Me gustaría saber cómo se aplicará la recién aprobada “Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia», ante hechos como los de Atenco y Oaxaca, que sitúan a la violencia de género más allá de la violencia institucional, como una política de estado. ¿Hasta cuándo las mujeres seguiremos siendo botín de guerra?
La reciente Ley es importante, pero más importante es su aplicación. (Desde Abajo)
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