. Miguel Osorio ha puesto este derecho en un plano infame y comprueba lo que los especialistas nacionales apuntan sobre esta materia: La libertad de información en una entidad con las características políticas, sociales y culturales de Hidalgo, es un camino que aún no empieza y que, de por sí, ya tiene muchos obstáculos por delante.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
Otra vez se equivocó el gobernador. No le bastó impulsar una Ley de Transparencia mediocre sino, aún con ello, la pretende poner en manos de sus fieles, de sus cómodos, de priístas notados, contraviniendo el principio básico de la libertad de información, y esto es, que la ciudadanía lleva mano.
Miguel Osorio ha puesto este derecho en un plano infame y comprueba lo que los especialistas nacionales apuntan sobre esta materia: La libertad de información en una entidad con las características políticas, sociales y culturales de Hidalgo, es un camino que aún no empieza y que, de por sí, ya tiene muchos obstáculos por delante.
Las autoridades responsables del armado, redacción y aprobación de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental han hecho un trabajo mediano, sin la consideración de fuentes expertas locales, las cuales ya habían advertido los errores de la iniciativa que, hoy por hoy, se verán modificados por medio de las reformas constitucionales al artículo 6to.
Sobre ésta circunstancia, organizaciones como la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) han subrayado la necesidad de ampliar las modificaciones de la Ley estatal de Transparencia a terrenos que de verdad sean de utilidad para la ciudadanía y que, a su vez, está exigiendo.
Comunes denominadores como la fiscalización de campañas políticas; de obras, contratos y concursos del Ejecutivo con empresas privadas para obra pública; sueldos, sobre sueldos y obsequios de funcionarios y representantes públicos; manejo y estructura de la deuda pública; viáticos o costos extraordinarios, etcétera, son sujetos que no fueron considerados como “obligados” en la iniciativa final. Al menos no en su totalidad.
En cambio, a un paso de las últimas modificaciones, las organizaciones de la sociedad civil levantaron la mano para participar de lo que consideraron su última oportunidad de influir en la iniciativa; pero no fue así. La ley sólo se modificará en “mínimas cuestiones”, viendo la luz como uno de los peores sistemas de transparencia en México.
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