. En Iowa -estado donde se realizan juicios y condenas a indocumentados, con procedimientos en los que se tienen dudas de su legalidad en juzgados temporales improvisados-, 270 migrantes indocumentados fueron sentenciados a cinco meses de prisión por trabajar en una empacadora de carnes con documentos falsos, luego de ser víctimas de una redada por parte de agentes federales, que detuvieron a 382 en la empresa llamada Agriprocessor Inc.
Por Desde Abajo
Pachuca, Hgo., México.- El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó un Acuerdo Económico emitido por las primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Población y Migración y del Trabajo, relativo al exhorto que los legisladores realizarán al Ejecutivo Federal para que exija al gobierno de los Estados Unidos frene los ataques institucionales hacia los migrantes mexicanos y emplee mecanismos para evitar acciones de violencia y discriminación social hacia ellos.
Ese fue el planteamiento expuesto por el diputado Ernesto Arcega Chávez para defender los derechos de los trabajadores en el extranjero.
Esto, debido a la denuncia presentada por el diputado Ignacio Hernández Arriaga sobre lo sucedido en el estado norteamericano de Iowa, en donde se realizan juicios y condenas a indocumentados, con procedimientos en los que se tienen dudas de su legalidad; en juzgados temporales improvisados, 270 migrantes indocumentados fueron sentenciados a cinco meses de prisión por trabajar en una empacadora de carnes con documentos falsos, luego de ser víctimas de una redada por parte de agentes federales, que detuvieron a 382 en la empresa llamada Agriprocessor Inc.
Ante esto, se propuso un exhorto a la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que solicite a las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica, que se tomen en cuenta los derechos humanos y especialmente los económicos, laborales, sociales y culturales de los mexicanos que se encuentren en su territorio, independientemente de su status migratorio.
Alarma laboral tras el 9/11
De la misma manera, el diputado priísta Miguel Rivero Acosta habló ante el pleno del Congreso del Estado sobre las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre entre los migrantes mexicanos, a quienes le ha azotado el desempleo y la marginación ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.
Rivero Acosta calificó de “difícil”, la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos ya que el gobierno endurece reglas y redadas en busca de ilegales, cierran fabricas y apresan inmigrantes, pero lo más grave es la violación de los derechos humanos que sufren los ilegales especialmente en el momento de su deportación”.
Rivero Acosta añadió que un monitoreo realizado solo en el estado fronterizo de Baja California arrojo que diariamente son deportadas 2 mil 500 personas, en su mayoría en horario nocturno afectando principalmente a mujeres y niños que no cuentan con recursos económicos ni mucho menos hospedaje y comida.
“Hoy recordamos con pesar a todos los inocentes que perdieron la vida en aquel ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, a todos aquellos que arriesgaron su vida para que otras sobrevivieran, pero sobre todo aquellos mexicanos que luchan día con día en ese país en donde ser de otra raza, color de piel y hablar otro idioma es aún más grave que ser terrorista”. Finalizó el diputado.
