. El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado.
Por Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Si las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, ¿de qué son dueñas?
Graciela Hierro. Filósofa mexicana
El sentimiento de culpa, la rabia, el dolor, la desconsideración social, los vacíos legales, la espátula, las tijeras, el cuchillo, pero, sobre todo, el miedo y la sangre protagonizan la escena de vida y muerte que tiene lugar en un cuerpo de mujer, tendido en una plancha. Los grandes ausentes: la información, la higiene, los derechos humanos, la anestesia…
El panorama por sí mismo es sobrecogedor, pero lo avasallante es imaginarlo multiplicado por 18 millones, que es la cifra dada por la Organización Mundial de la Salud sobre el número de abortos inseguros al año, en todo el mundo.
Las mujeres de América Latina y el Caribe lo saben, por eso desde 1990, en el marco del V encuentro feminista celebrado en Argentina, mujeres de todo el continente acordaron declarar el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del Aborto en la región.
América Latina y el Caribe es una de las zonas del planeta donde mayores restricciones legales existen en la interrupción del embarazo, ergo, en nuestros países los abortos ilegales realizados en condiciones precarias representan un grave problema de salud para las mujeres.
Las organizaciones de la sociedad civil convocantes a la marcha por el Derecho a Decidir, de entre las que destacan la Academia Mexicana de Derechos Humanos y “Católicas por el Derecho a Decidir”, emitieron un comunicado en el que estiman que en México, anualmente más de 1 millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada. En nuestro país, tan sólo en el 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.
Frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas, la respuesta de los partidos políticos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en contubernio con la Jerarquía Católica ha sido reformar las constituciones de 16 estados del país para criminalizar y perseguir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado. En algunos casos han recibido apoyo de legisladores de otros partidos.
Estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de los derechos de las mujeres, porque a nivel constitucional se pretende anular la interrupción legal del embarazo y porque en materia de política pública se intenta orientar un ejercicio de la sexualidad sin educación, sin protección y sin prevención.
El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado.
Estas reformas impactarán las políticas públicas en temas como: Acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes (es decir, el Estado se retiraría de su obligación de proveer servicios de aborto legal en los casos en que la ley lo contempla, condenando a la clandestinidad hasta a las mujeres embarazadas por violación); restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo por supuesto la pastilla de anticoncepción de emergencia-PAE, DIU y el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos; investigación en células madres y Reproducción Asistida.
El gran problema en la discusión sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es que el punto a disertar se centra en la moral y la ética, cuando el aborto en México es, antes que nada, un problema de salud pública que vivimos y padecemos las mujeres.
Como siempre, los grupos conservadores se dicen defensores de la vida y aseguran que “desde el momento mismo de la concepción existe ya un ser con derechos”, cuando la ciencia médica sabe, desde hace muchos años, que un óvulo fecundado por un espermatozoide no devendrá necesariamente en un embarazo, y que para ello se requiere la implantación.
Uno de las grandes aportaciones del mapa del Genoma Humano es el determinar que la vida humana comienza a las doce semanas, con el inicio de la actividad neuronal, por lo tanto, antes de tres meses la vida que debe privilegiarse es la humana, es decir, la de la mujer.
La moral y la ética son conjuntos de valores personales absolutamente subjetivos, la diferencia central entre uno y otro es que la moral se adquiere por imposición y la ética por construcción voluntaria individual. Bajo esta mirada es que se discute si el aborto debe ser penalizado o no, si se trata de un crimen o de un derecho de cada mujer sobre su propio cuerpo.
Hasta ahora, llegar a una conclusión al respecto ha sido imposible, debido justamente al origen totalmente subjetivo de los enfoques. Pero más que definir si el aborto es un crimen o no, debe priorizarse el que muchas mujeres mueren por abortar en condiciones inhumanas. No hacerlo, sí sería un crimen.
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