. Es preciso que cada aspirante someta al escrutinio público su perfil y trayectoria sin demagogias. Quien sea la o el nuevo titular de la CNDH deberá asumir la tarea de reforzar la integridad moral, política y financiera del organismo, que en manos de Soberanes acuñó sendas traiciones a los avances que en derechos humanos, la sociedad ha logrado.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
La renovación para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abre un espacio de esperanza. Decenas de millones de mexicanos y mexicanas esperan que el organismo pueda contar con un verdadero ombudsman, un defensor del pueblo, ante las crecientes violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, fruto del abuso de poder y el círculo judicial que lo protege. De tal manera, resulta fundamental que el proceso para elegir a la o el sucesor de José Luis Soberanes, esté abierto al escrutinio ciudadano; pues, sea abierto, transparente y apegado a las reglas.
Tal importancia lo es tanto cuando, de origen, la sucesión se encuentra viciada por la costumbre –y a veces deporte-, de la sociedad política de mover fichas según el cambio de favores. Los más avezados, alertan sobre que la imposición de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) sugiere el recambio facultativo al PRI para que éste haga lo propio en la CNDH. Así, juegan en la baraja priísta (véase, Manlio Fabio Beltrones) el ahora ex quinto visitador, Mauricio Farah Gebara y el secretario ejecutivo de la comisión y ex embajador de México ante El Vaticano, Javier Moctezuma Barragán -este último, vendido como punto de confort entre PRI y PAN, condición que, desde ya, es considerado por las plumas militantes del poder como el potencial sucesor.
Lo cierto es que, hasta que el nueve de octubre se cierre el periodo para la inscripción de candidaturas, nada ni nadie está dado por seguro.
Ya se asoman opciones más que viables como la de Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien durante 10 años presidió el organismo público más pulcro, funcional y transparente de la capital del país, según el IFAI: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,. Pero, su llegada –así como otras alternativas progresistas como la del General José Francisco Gallardo-, está supeditada a que el proceso de elección esté libre de manos corruptoras y chantajes. Libre de infantilismos como la eterna disputa política entre Soberanes y todo lo que huela a Jorge Carpizo, Diego Valades, verbigracia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, instancia que, dicho sea de paso, impulsa al abogado general de la máxima casa de estudios, Luis Raúl González Pérez. Libre de trapecismos como lo aparenta la probable candidatura de Juan Ramón de la Fuente, priísta, ex secretario de Salud con Ernesto Zedillo y ex rector de la UNAM, quien es impulsado por el presidente nacional del PRD y la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, como vía a luego convertirse en candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Es preciso que cada aspirante someta al escrutinio público su perfil y trayectoria sin demagogias. Quien sea la o el nuevo titular de la CNDH deberá asumir la tarea de reforzar la integridad moral, política y financiera del organismo, que en manos de Soberanes acuñó sendas traiciones a los avances que en derechos humanos, la sociedad ha logrado. Véase el diagnóstico de muerte por “gastritis” de la anciana indígena, Ernestina Ascencio, víctima de violencia física y sexual por militares en la sierra de Veracruz; o el recurso de inconstitucionalidad que levantó en contra de la Interrupción Legal del Embarazo en el DF; todo esto, amparado en el presupuesto más caro en Latinoamérica para un organismo defensor, con 989 millones de pesos, según revelaciones de Human Right Watch.
Es cierto que la tarea central radica en el Senado, que habrá de elegir entre una terna al nuevo titular de la CNDH. Pero el modo en cómo lo hagan, depende en buena medida de la vigilancia que desde la sociedad civil se haga, para que el proceso no traspase las barreras de lo legal, lo justo y lo legítimo.
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