por Pablo Vargas González / Desde Abajo
Ha iniciado el proceso electoral para renovar los poderes ejecutivo y legislativo en el estado de Hidalgo, con choques, diferencias entre actores, exclusiones y acciones que pueden devenir en una guerra sucia y sin cuartel, en lugar de generar una jornada cívica en que los hidalguenses se sientan orgullosos. Gobierno (estatal, federal y municipal), partidos, candidatos y ciudadanos aun estamos a tiempo para encarrilar el proceso con juego limpio.
No es una elección cualquiera. En Hidalgo por primera ocasión se experimentará un proceso competido, una real disputa por el poder político local, en que se apuesta por la gubernatura, máximo cargo en una entidad federativa, y por la integración de una nueva legislatura, integrada por treinta diputados locales, por lo que es necesario encauzar la elección, de acuerdo con las reglas y normas electorales existentes.
En los últimos meses se ha pasado una etapa electoral en donde los partidos designan a sus candidatos. Las alianzas que se han formado, lo han realizado conforme a su línea política y acuerdos de sus directivas. No obstante, el pasado autoritario, cuyos signos siguen presentes ha dejado ver sus huellas.
Se ha acumulado quejas de los actores por injerencia gubernamental en los organismos electorales, “mano negra” en los conflictos internos que parecen provocados desde esferas gubernamentales, cerrazón en los medios, exclusión de la candidata Xochitl Gálvez en los medios oficiales, impulso inusitado a José Guadarrama, entre muchos otros aspectos son elementos de una elección que ha iniciado con mal encauzamiento.
Cuando una campaña electoral deja de ser un medio de comunicación entre candidatos y los electores, cuando se distorsionan los actos de proselitismo en busca del voto, cuando se trata de imponer una mercadotecnia negativa y no propositiva, sin lugar a dudas se pone en riesgo el clima civilizado que debe prevalecer en una sociedad que busca evolucionar por medios pacíficos y legales en una consolidación de su régimen democrático.
Los lentos y aun no consolidados avances democráticos que se han obtenido en los últimos años están a punto de perderse y de generar un retroceso en materia político electoral de seguir las pautas de confrontación. Por lo que es necesario que el arbitro electoral, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) tenga un papel determinante, que regule las acciones y proceso; que prevenga y no deje correr acciones que pueden perjudicar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones.
En el aspecto jurídico se aplicará la Ley Estatal Electoral aprobada en 2007 en esencia, pero que no contiene los lineamientos de la Reforma Electoral Federal de ese mismo año y que no se ajusta ni adecua plenamente con parámetros competitivos. Especialmente han quedado ambiguos los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en materia de propaganda gubernamental y en el uso de los programas de gobierno.
La nueva ley electoral, por los cambios federales ha quedado rebasada. Por una parte, las elecciones de congreso local y de ayuntamientos de febrero y noviembre de 2008 la pusieron a prueba y no pasó el requerimiento de certeza y equidad, puesto que el PRI mantuvo una sobre representación en el Congreso, a pesar de la reforma. Y por otra parte la reforma federal de 2007 exige la aplicación de lineamientos nuevos. Hoy algunos partidos (PAN y PRD) siguieron hablando de condiciones “de inequidad” electoral y de desigual acceso a recursos y medios de comunicación.
Si bien se ha cuestionado las reformas electorales que se han hecho en Hidalgo, por que no son las que requiere una contienda justa, los contendientes son los que han aprobado las reglas del juego político. Los candidatos y gobierno están obligados a respetar las normas. Se requiere una voluntada explicita para garantizar la participación ciudadana con elecciones ejemplares, evitar la desesperación, la intimidación, el clientelismo y el corporativismo que han sido grandes obstáculos a la democratización del Estado de Hidalgo.
Los ciudadanos demandamos una elección abierta, con el respeto a la ley, una campaña propositiva y de oferta de propuestas, no de engaños ni mentiras y que sea el voto de los ciudadanos el que defina el rumbo de los hidalguenses. No a las injerencias, ni a la guerra sucia. Por un proceso abierto, libre y democrático.
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