Es urgente que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emita una recomendación de oficio por la impunidad judicial ocurrida en el asesinato de tres activistas sociales en lo que va del año. En un mes, del 16 de junio al 19 de julio, perdieron la vida por violencia injustificada Fernanda Lavalle de Transgénero Hidalgo, primero, y ahora Antonio Hernández Hernández y Arturo Lavín Ramírez de Habitat AC. Nunca antes en la historia reciente de esta entidad, habían ocurrido crímenes aparentemente de odio como los que suscitaron que tres miembros de asociaciones civiles perdieran la vida sin que al momento existan muestras concretas de su esclarecimiento, ni siquiera un pronunciamiento del poder Ejecutivo. Algo se pudrió en Hidalgo. Raúl Arroyo, titular de la CDHEH, citó a desayunar a representantes de OSC el viernes 30 para estrechar vínculos con ellas. Ahí, el “defensor del pueblo” deberá ser contundente para repudiar los hechos, tanto como para demostrar dignidad en su posición como primer activista por los derechos humanos y no como protectorado del gobernador en turno. Ni uno más.
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