por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO
Difícilmente los diputados del Congreso Local, estarán de acuerdo con la baja calificación que les auto adjudico la legisladora Estela Rubio Martínez, quién además dijo que en algunas Comisiones Legislativas “No se hizo nada” y estaban reprobadas y que la baja productividad se dio por “mandato constitucional”, es decir por la influencia aun determinante del ejecutivo sobre el poder legislativo.
A pocos meses de que concluya la gestión de la LX legislatura, se habla de que la enorme mayoría de leyes y decretos fueron enviados por la oficina del gobernador con lo que el Congreso Local está reproduciendo los patrones tradicionales de legislaturas anteriores, y sobre todo obedecer a agendas externas.
El poder legislativo, desde 1997 se ha convertido en México en un nuevo espacio para la gobernabilidad y la generación de arreglos institucionales que conllevan a una mejor relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Particularmente, lo congresos locales han mostrado empíricamente experiencias de la conformación de diferentes tipos de gobierno. Esto abre la posibilidad de diferentes formas de gobernabilidad, o bien de obstáculos y límites en gobiernos locales.
Sin embargo en Hidalgo, el perfil de elecciones de “carro completo” y de una integración que ha llevado a la “sobre representación” del PRI en el Congreso como un partido hegemónico, no ha conducido a nuevas prácticas de consenso y de pluralidad con las fracciones legislativas y mucho menos en su relación con los ciudadanos. La prueba de que hay un alejamiento de los ciudadanos con el poder legislativo local es que en elecciones intermedias se produce un alto abstencionismo que llega al 60 {9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}.
La LX Legislatura está a punto de concluir sus labores. De los temas de gran importancia han tenido una muy poca consulta popular y una casi nula interlocución con organizaciones de la sociedad civil. Los legisladores han discutido más con las dependencias gubernamentales y con “especialistas” las normas y leyes que realizar foros para que la ciudadanía de su opinión. De repente, casi de modo subrepticio ya están aprobadas las iniciativas, con una mayoría cómoda, sin que los ciudadanos puedan, por lo menos, opinar.
Por ejemplo la Ley Orgánica Municipal, y la ley de Pueblos Indígenas donde se hicieron reuniones, sin hacer convocatorias ni enviar invitaciones al conjunto de involucrados o de actores sociales de las regiones, solo se supo a través de la prensa que se hacían “foros”, la mayoría de ellos con funcionarios del ejecutivo, “llevados” solo para convalidar y legitimar lo que ya se hizo.
Se tiene la perspectiva de que los diputados saben más que la gente y saben lo que quiere la gente. La verdad es que hacen leyes a espaldas y a veces en contra de la sociedad. Es aquí donde hace falta la reforma federal para quitarle a los partidos y a los diputados el monopolio de formular y presentar iniciativas por parte de los ciudadanos, lo que disminuirá la práctica presidencialista, en pleno siglo XXI y todavía tenemos que pedir limosnas, a quienes no quieren dejar el poder.
De los pendientes que tiene el Congreso Local de Hidalgo, para la sociedad civil son dos propuestas que fueron entregadas desde febrero de 2009, elaboradas en mesas de trabajo serías y profundas por decenas de organizaciones ciudadanas, no partidarias y sin interés de lucro.
Por una parte la “Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Hidalgo” que tiene como propósito principal llenar un vacío legal y organizacional en apoyo a cientos de organizaciones civiles que tienen un papel fundamental en los ámbitos productivos, ecológicos, comunitarios, educativos y en la protección de grupos vulnerables de la sociedad.
Por otra parte, una revisión profunda a las normas y reglamentos de Derechos Humanos, que se encuentran obsoletas y anacrónicas para la realidad actual. Los ejes que debe tener la nueva Ley de Derechos Humanos que regule tanto al Organismo Público responsable y proporcione y delimite garantías y facultades de los derechos de los hidalguenses, son fortalecer la autonomía, la ciudadanización del organismo, la intervención de las asociaciones de DH y las pautas para el establecimiento de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales de los hidalguenses.
Sería lamentable que no fueran consideradas estas propuestas formuladas por la sociedad civil organizada. Sería patético que se hicieran leyes que no cumplen con las expectativas mínimas que la sociedad está demandando.
