por Otilia G. Sánchez Castillo / DESDE ABAJO
En el año recién concluido vivimos en nuestro país el mayor número de muertes violentas de la administración calderonista. De acuerdo con los datos de la PGR, de enero a noviembre del 2010 la cifra de estas muertes asciende a 12.456, la mayor desde 2006. En este contexto, la violencia ejercida sobre las y los defensores de los derechos humanos, las y los periodistas y la violencia de género, también se incrementó.
Uno de los casos más recientes es el asesinato de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, el pasado 16 de diciembre. La causa de su asesinato fue exigir justicia por el asesinato de su hija de 16 años, asesinada en el 2008 por quien fuera su pareja. Marisela entabló una lucha, por sus propios medios, para investigar y encarcelar al asesino de su hija Rubí Marisol, a quien llevó a los tribunales. El asesino, Sergio Rafael Barraza, a pesar de su propia confesión por la cual fue condenado a 50 años de cárcel, se encuentra prófugo gracias a la actitud corrupta de la jueza Catalina Ochoa Contreras y los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, del Tribunal de Juicio Oral de Chihuahua, y la negligente actitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, lo que ratifica la ineficacia y la corrupción en el sistema de procuración y de administración de justicia del estado mexicano.
A estos hechos se suman la persecución y amenazas a los familiares de Marisela, el incendio de la maderería de su pareja, el asesinato de su cuñado Manuel Monge Amparán, horas después de que fuera ‘levantado’ por un comando, y la detención de su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo por las autoridades migratorias de EEUU, país al que acudió en busca de asilo y que está custodiado desde el 19 de diciembre en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas.
A nivel nacional diversas organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para exigir la detención del asesino y el castigo a todas las personas responsables del asesinato de Maricela y de las acciones en contra de sus familiares. En la Cámara de Diputados se han presentado dos puntos de acuerdo, uno el 21 de diciembre, y otro el día de ayer, con el objeto de que, entre otros acuerdos, la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua fije plazos para dar avances de las investigaciones de los asesinatos, ya que hasta la fecha no hay ningún resultado; se investigue y sanciones a la juez y a los jueces que absolvieron al asesino Sergio Rafael Barraza, y a los agentes del Ministerio Público y Policías Judiciales que permitieron su huida; que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de los Estados Unidos para que puedan recibir asilo por temor a su vida en su país de origen, de conformidad con las leyes aplicables en ese país, en particular a su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo.
A nivel internacional también se ha condenado el asesinato de Marisela Escobedo. La Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea condenaron este crimen, exhortando al Estado mexicano a esclarecer los hechos e identificar y llevar a juicio a los responsables de este asesinato.
Con la esperanza que trae consigo un nuevo año, deseo y espero que este asesinato no quede en la impunidad como tantos otros. Algo deberemos hacer para que esto no suceda.
