por Tania Meza Escorza / DESDE ABAJO
Hace cuatro años las mexicanas estábamos de fiesta. Por fin en la capital del país se instituía la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), característica de las sociedades más progresistas del planeta. En ese entonces, pensábamos que podríamos ir incidiendo en los congresos locales para impedir que las mujeres del interior de la república siguiéramos en el Medioevo, en contraposición con la modernidad respirada en el Distrito Federal.
Ya sabíamos que no sería sencillo, pero no imaginábamos que la ofensiva oscurantista viniera tan fuerte. Desde ese entonces, 17 entidades federativas han protegido la vida “desde el momento de la concepción” (sic) por lo que han metido presas a mujeres que abortaron clandestinamente, no únicamente por ejercer un derecho humano universal, sino inclusive por negarse a tener un hijo producto de una violación, o porque ni siquiera sabían que estaban embarazadas y, haciendo labores domésticas en casa, movieron muebles pesados que les produjeron lo que para ellas era un extraño sangrado, por lo cual fueron al hospital y de ahí, a la cárcel.
Pero entre estas terribles historias de la inquisición, se mira la gran celebración por el cuarto aniversario de la ILE. Así pues, a cuatro años de que fueran aprobadas las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF, en la ciudad de México se han realizado 58 mil 152 interrupciones legales de embarazo, de acuerdo con Patricio Sangueza, coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno del Distrito Federal.
El movimiento feminista en México tuvo que esperar un poco más de 70 años para que se concretara una ley en favor del derecho a decidir, que fue planteado durante la década de los treinta por la doctora Ofelia Domínguez Navarro, en la Convención de Unificación Penal en 1936 donde propuso que se derogara la legislación penalizadora. Tal información fue publicada por Adriana Jiménez Patlán, destacada activista por los derechos humanos de las mujeres en nuestro estado.
En el blog: “Un mundo donde quepan todos los mundos”, Adriana Patlán de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, antóloga cuatro años de ILE en el DF bajo la siguiente reflexión: “Penalizar el aborto no disuade a las mujeres, pero sobre todo despenalizarlo no obliga a nadie ha hacerlo y ahí están los datos que nos lo demuestran: De abril de 2007 a marzo de 2011 se han generado 85 mil solicitudes del Programa de Interrupción Legal del Embarazo, 75{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} son residentes del Distrito Federal, 3{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} son residentes de otros estados (230 son de Hidalgo), el 80{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de las solicitudes llega antes de la 8va semana, 82{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} acceden a un método anticonceptivo posterior (Información obtenida de Grupo Interinstitucional de Reproducción Elegida, Population Council, Católicas por el Derecho a Decidir y Gobierno del Distrito Federal.). Ya no es utópica la decisión de las mujeres sobre su cuerpo en el D.F., pronto seguramente lo veremos en otras partes del país y daremos cuenta de ello. Porque decidir no es un delito. Decidir es un derecho”.
“230 son de Hidalgo”. 230 hidalguenses que tuvieron que recorrer desde 30 minutos hasta cinco horas (dependiendo del municipio en el que habiten) para poder ser sujetas de derechos, porque en Hidalgo no lo somos, y desde hace dos legislaturas a nuestras autoridades el tema les ha importado muy poco.
El gran problema que se vislumbra en la posible discusión local es que el punto a disertar se centra en la moral y la ética, cuando el aborto en México es, antes que nada, un problema de salud pública que vivimos y padecemos las mujeres.
Como siempre, los grupos conservadores se dicen defensores de la vida y aseguran que “desde el momento mismo de la concepción existe ya un ser con derechos”, cuando la ciencia médica sabe, desde hace muchos años, que un óvulo fecundado por un espermatozoide no devendrá necesariamente en un embarazo, ya que para ello se requiere la implantación.
La moral y la ética son conjuntos de valores personales absolutamente subjetivos, la diferencia central entre uno y otro es que la moral se adquiere por imposición y la ética por construcción voluntaria individual. Bajo esta mirada es que se discute si el aborto debe ser penalizado o no, si se trata de un crimen o de un derecho de cada mujer sobre su propio cuerpo.
Hasta ahora llegar a una conclusión al respecto ha sido imposible, debido justamente al origen totalmente subjetivo de los enfoques. No obstante, el punto central del debate no debiera ser si el aborto es un derecho o un homicidio, frente a la gran cantidad de mujeres que mueren día a día por abortos mal practicados.
Nadie en su sano juicio podría negar que se trata de un problema de salud pública, cuando las estadísticas oficiales lo ubican en el quinto lugar nacional de causas que producen la muerte materna.
Las mujeres de Hidalgo, especialmente las 230 hidalguenses que han debido mendigar en otra entidad su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, esperamos que de una buena vez nuestras diputadas y diputados locales comprendan que la Interrupción del embarazo es un derecho humano establecido en tratados internacionales que México ha firmado, y como todo derecho, debe aplicarse y no estar a discusión.
taniamezcor@hotmail.com
