“Cuando hace cuatro años se aprobó en el estado la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, las autoridades tenían 90 días para publicar el reglamento, desarrollar las leyes secundarias y hacer todos los ajustes necesarios para su correcta aplicación, entre ellos los relativos a la atención, prevención y sanción del feminicidio, pero ello aún no ha ocurrido”, señaló Adriana Jiménez Patlán, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) en Hidalgo.
La activista apuntó que la iniciativa de ley que actualmente se encuentra detenida en el Congreso local, resulta insuficiente y es perfectible pero, no obstante, su aprobación sería un buen comienzo para iniciar la atención del problema.
En el diagnóstico del «Feminicidio en México aproximación, tendencias y cambios 1985- 2009» realizado por ONU Mujeres, el Colegio de México y el Instituto Nacional de las Mujeres, se señala a la entidad hidalguense como un estado “omiso” en la tipificación del asesinato de mujeres perpetrado por motivos de género.
El Código Penal del Estado considera como agravante para el delito de homicidio el que se cometa contra la cónyuge o concubina, y le impone una pena de 20 a 40 años de prisión, pero no considera a las víctimas que sostengan una relación de pareja con el agresor, señala el diagnóstico.
De acuerdo con el documento elaborado por la ONU, en Hidalgo, del año 2009 a marzo de 2010 se reportan 42 feminicidios, mientras que en 2011 se registran 21 muertes de mujeres. Dicho estudio subraya que «la incongruencia de los tipos penales se explica por la falta de homologación del Código Penal con las leyes General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues si bien se mantiene por un lado la figura de violencia familiar, por otro, en el delito de homicidio, se conserva como atenuante el estado de emoción violenta, en cuyo caso al agresor se le impondrán tan sólo de tres a 10 años de prisión».
Como primer paso para resolver esta problemática, Jiménez Patlán asegura que la iniciativa de ley que se encuentra en el congreso local debe ser complementada con observaciones de especialistas en la materia que hayan participado en experiencias exitosas de tipificación del feminicidio, como la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, y la diputada federal Teresa Incháustegui Romero.