No tengo piedad con los animales. Esas fueron las palabras que un militar de la Guardia Nacional en Texas le dedicó a un hombre, migrante, que yacía atrapado entre los alambres de púas, intentando cruzar la frontera entre México hacia Estados Unidos. El hombre no iba solo; lo acompañaba su hijo, un menor, por el que el militar nunca se compadeció. ¿Para qué mandas a un niño? ¿Te gusta cómo sufres?, le dijo el uniformado, mientras gritaba, pisaba las manos y amenazaba al pobre hombre con su arma de alto calibre.
De esta manera, la operación Estrella Solitaria desplegada por el gobierno de Texas, con el aval de la presidencia de Estados Unidos, para frenar a la fuerza la migración ilegal a lo largo de la frontera, evidencia la dura política anti-migratoria de ese país; una estrategia de la cual México es partícipe al mantener desplegada a su propia Guardia Nacional para intentar contener en territorio mexicano las oleadas de seres humanos que intentan pasar del otro lado de la línea.
Sí, se habla mucho de esto. Se trata de la frontera más transitada en el mundo y una de las más peligrosas. Y sí, esto no sería posible sin la ayuda de los “polleros”, traficantes de personas que lucran con el intento de las personas por llegar a Estados Unidos. Su argumento, de acuerdo con las palabras del expresidente Donald Trump, es evitar el arribo a ese país de delincuentes y violadores. Una visión que empata con el fascismo demostrado por el guardia militar que torturó a un migrante y a su hijo bajo un alambre de púas.
Con tal dureza demostrada, se supondría que las leyes y las armas estadounidenses se blanden contra todo tipo de migrantes ilegales y los traficantes que ganan dinero intentando aventarlos por la frontera. ¿O no?… Of course!, respondería con certeza cualquier entusiasta texano; a menos que el migrante no sea de México o El Salvador, sino cubano y, a su vez, el pollero, no sea un delincuente que opera desde territorio mexicano, sino que se trate de un residente legal en Estados Unidos con domicilio en Miami. ¿Qué leyes aplican ahí?
¿Y qué tal que, además de todo, ese pollero con residencia dirija una organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos?
En ese sentido, Washington podría observar el caso de Joel Brito, un cubano residente en ese país, quien funge como director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC), la cual se define como una organización sin ánimos de lucro que, por sus acciones en pro de la “libertad sindical” en Cuba, ha recibido 1 millón 380 mil dólares de financiamiento entre los años 2016 y 2021 por parte la National Endowment for Democracy (NED), entidad que inyecta fuertes inversiones a diversos proyectos, los cuales son aprobados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos; es decir, dólares contantes y sonantes que salen de los impuestos de los contribuyentes.
Lo que pagan los dólares estadounidenses a través de lo que la NED otorga a Joel Brito y a su organización, se traduce en el dolor de una madre cubana quien cuenta el doloroso caso de su hija, quien sufrió vejaciones por parte de un hombre llamado Fabián Jesús González Mir, cubano también, quien, no obstante, huyó con impunidad de la isla aprovechando las ventajas que brindó hasta el año pasado Estados Unidos a la migración ilegal para naturales de Cuba.
De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, Fabián Jesús financió su huida, saliendo de la isla hacia Nicaragua para después llegar a Estados Unidos, gracias al apoyo económico de Joel Brito, quien, como se señaló, el director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
De acuerdo con las denuncias establecidas en las agencias migratorias, Fabián Jesús González Mir ingresó a Estados Unidos por la frontera con México (esa que es tan custodiada por las fuerzas armadas estadounidenses) y, según lo que indica la madre de la víctima, fue acogido por Joel Brito. Esta versión se refuerza con el presente video, en el cual se pueden identificar al victimario y al propio Brito participando claramente en tráfico de personas, mencionando el pago a un “coyote” y programando la entrega de dos mil dólares enviado por el director del GISCC hasta el domicilio del presunto delincuente.
Una de las cuestiones a dilucidar es el origen del dinero que Joel Brito habría dado a González Mir. ¿Los dólares asignados por la NED al GISCC pagaron a un “coyote” para que el agresor de una joven huyera ilegalmente de Cuba? Más aún, mientras Washington y sus fuerzas armadas se llenan la boca con discursos contra la migración ilegal, ¿habría aprobado el Departamento de Estado que los recursos de su National Endowment for Democracy financiaran una operación de migración ilegal? Sería muy grave que una organización no gubernamental estuviera implicada en lo que, a todas luces, es un posible acto de tráfico de personas, lo cual contraviene la ley de Estados Unidos; recordando, además, que se trata de un señalado por un delito en agravio de una mujer cubana.
Según la ley estadounidense, el simple hecho de proporcionar algunas herramientas para la entrada ilegal a ese país como dinero o documentos falsos puede constituir un delito de contrabando de extranjeros, según la conclusión judicial Alien Smuggling. De tal modo, se establece que un contrabandista de extranjeros es una persona que alienta, induce, asiste o ayuda a cualquier otra persona a ingresar a Estados Unidos o incluso tratar de ingresar en violación al acta de nacional e inmigración titulada INA, INA 212 (A) (6) (E) (I).
La política migratoria de Estados Unidos es víctima de sus contradicciones. Mientras hunde la bota contra migrantes humildes que sólo aspiran a trabajar para enviar dinero a sus pueblos, el dinero del Gobierno parece financiar operaciones de tráfico de personas a través de organizaciones y personajes a quienes ha confiado proyectos de política exterior. Peor aún, la administración de Joe Biden le da la razón a Donald Trump quien, en todo momento, ha dicho que los migrantes ilegales que pasan por la frontera mexicana son “delincuentes” y “violadores”; sólo que, en este caso no se trataría de mexicanos, sino de un cubano, acusado de violencia contra una mujer, quien llegó a Estados Unidos de manera ilegal gracias al dinero de la NED.
