Sumados a la amenaza del uso de fracking con el cual Pemex pretende extraer petróleo y gas en la región de la Huasteca, incluida la hidalguense, otros problemas medioambientales están amenazando el ecosistema del lugar, y nadie hace algo.
Por ejemplo, la trituración y extracción clandestina de piedra en el Río Garcés, tiene en vilo a varias comunidades de Xochiatipan. A estas se suman otras de los municipios de Huejutla y Atlapexco, donde se vierten los afluentes del río.
Del mismo modo, la tala clandestina no cesa. En zonas de Yahualica y la carretera que conecta a Calnali con Atlapexco, se ha vuelto común observar árboles maderables talados, sin que las autoridades medioambientales intervengan. El cedro se ha convertido en oro verde para quienes por años se han dedicado a expoliarlo, incluso, a plena luz del día.
En estos mismos lugares, la contaminación de los mantos acuíferos es notoria y ha sido denunciada en varias ocasiones por activistas medioambientales de la zona. Ríos como el San Pedro, que atraviesa San Felipe Orizatlán y el mismo Garcés, se han vuelto vertederos de desechos industriales y domésticos, convirtiéndose en inaccesibles; la gente, que antes disfrutaba de su cauce, ahora no quiere arriesgarse a nadar en ellos por miedo a enfermar.
El problema es antiguo. En el año 2013, la Huasteca sobrevivió al asedio de industrias como Halliburton o ICA Fluor Danels, a las cuales el gobierno de Peña Nieto les había otorgado la licitación para explotar el petróleo huasteco. Todo se evitó con la lucha contra la reforma energética; de lo contrario, la región estaría llena de perforaciones.
Hoy, la amenaza volvió con el Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX. La organización sociales comenzaron a organizarse para impedir una nueva amenaza extractivista. Pero si ocurre, podría estallar el polvorín social y ambiental que por décadas ha tensionado a la Huasteca.
