por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO
En pocas semanas se ha visibilizado en qué grado se consideran, como Estado y sociedad, los derechos de los niños. Todo el año pasado fue discutir sobre otro sector mayoritario de la sociedad como son los jóvenes, tampoco no hay mucho que ofrecerles a los que serán el “futuro de México”. Hay cuatro indicios fuertes que no dejan lugar a duda sobre lo que este país hace sobre lo más preciado de su población.
La llegada de los padres de familia a las cámaras de senadores y diputados federales para recordarles que no ha habido una solución plena a la demanda de justicia por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora, donde hay altos funcionarios involucrados y que su responsabilidad de la muerte de 48 niños, ha sido encubierta. Los poderes públicos intervinieron, hasta una comisión de la suprema corte de justicia. Pero hasta ahora aun sin dar real solución a una verdadera justicia.
Hay señales mas fuertes acerca del olvido y el desdén con el que desde el poder político se tratan a los niños mexicanos. Tenemos el caso del Partido Nueva Alianza haciendo campaña electoral en Baja California y el estado de México en las escuelas de educación primaria, y pidiendo a los niños que realicen actividades de proselitismo como es el llenado de formatos con los datos de sus padres y de propaganda para votar.
Lo que podría ser positivo, de generar educación ciudadana en las escuelas, es desvirtuado por intereses políticos partidistas ajenos y contrarios a los derechos de los niños. Y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en lugar de intervenir de forma decidida para impedir que los niños sean utilizados como instrumento de proselitismo, practica la política del avestruz. Es el México del “no pasa nada”, y “no se pierde nada”.
También ha trascendido el número de niños muertos en la famosa “guerra contra el narcotráfico”, desde las agencias internacionales han demandado que el gobierno mexicano haga un informe real sobre este asunto. En el fallecimiento de objetivos civiles en la persecución de delincuentes, sobresale la muerte de niños en condiciones que pudieron evitarse.
Pero lo que más ha llamado la atención, es la credencialización forzada de niños, que ya se inició en escuelas primarias de algunas entidades federativas. La Secretaría de Gobernación, a pesar de las críticas y de las recomendaciones de organismos autónomas, echó a caminar un proyecto para la expedir cédulas de identidad para 25.7 millones de menores de edad, en dos años (durante el lapso 2011-2012) y, enseguida, proseguir con los adultos.
Es decir, hay innumerables indicios de que los derechos de los niños y jóvenes no son interés fundamentales de los políticos y de los poderes públicos y de repente, se realiza un programa que afecta y atenta contra los derechos de niños y adolescentes. La credencialización no es un simple empadronamiento de un sector mayoritario de la sociedad. Se trata de un instrumento “ultramoderno”, para qué y para quién sirve?
La negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) que duplica esfuerzos y millonarios presupuestos no fue impedimento para que el gobierno federal instrumentara una cédula de identidad en la que se registran no solo los datos y el perfil de la persona, sino que lo más grave es que recopila información de ojos y dedos: 10 huellas dactilares y del iris de ambos ojos. Es decir información biométrica única. Un proyecto que ningún país autoritario ha podido realizar. Es la política del “Gran hermano”, que todo lo controla y que todo se hace bajo su mirada, sin que las simples personas puedan intentar ni siquiera una crítica.
Pero no es todo, no solo es la preocupación para tener un banco de datos inmenso de niños y jóvenes que serán adultos en unos años. ¿Quién garantizará que no se haga mal uso de esta información preciada?. El Estado no se hace responsable de la información que puede ser mal utilizada, incluso por otros países. Ya tenemos ejemplos de que las bases de datos de dependencias gubernamentales son vendidas en el mercado negro. En años pasados el padrón electoral y el registro de automóviles se podían conseguir al mejor postor.
No se puede seguir con programas y políticas, desarticuladas sin obedecer a un plan general de desarrollo democrático; es preocupante que hoy sean las instancias del poder público los generan iniciativas que vulneren los derechos de los niños y jóvenes. Sin duda, que algo está pasando, y la sociedad no puede evitarlo.
