Luego que Calderón señalara que en México «no hay guerra sucia», el pleno de la Cámara de Diputados, en nombre del «combate a la delincuencia», aprobó en lo general la Reforma Judicial, legalizando con ello el Estado policíaco que ya venía imponiéndose. Ésto consiste en la ejecución legal de allanamiento de domicilios, detenciones arbitrarias, señalamiento de inocentes, acceso a datos confidenciales de sospechosos, incomunicación de reos, entre otros, no sólo es la anulación de importantes garantías individuales, sino el camino hacia un escenario represivo donde los Derechos Humanos y la Justicia están cada vez más lejos de los desposeídos.
El Plan México/Iniciativa Mérida continúa avanzando bajo el discurso de la seguridad nacional y la implementación de una política de miedo; a pesar de que algunos vean como un «logro», que en teoría, los movimientos sociales no sean considerados delincuencia organizada, las recientes experiencias en donde el Estado criminaliza la protesta e inconformidad social, indican lo contrario. Basta mencionar la respuesta policíaco-militar frente a movimientos populares como los de Atenco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas, así como la agresión a defensores de Derechos Humanos, así como la desaparición forzada de personas relacionadas con organizaciones armadas.
