Ante el incremento de casos de desaparición forzada se hace necesario la unificación de familiares y organizaciones de derechos humanos en torno a la creación de una ley federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas.
México, D.F. (DESDE ABAJO).- En el marco de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y en el 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo señaló la situación que vive hoy México en materia de derechos humanos “no dista mucho de la de aquellos años en las que se cometieron graves violaciones a derechos humanos y que llevo al compromiso de diversos estados a respetar este instrumento, pero que sin duda hoy en muchos países como en el nuestro, hemos retrocedido”.
Mediante un comunicado, el Comité Cerezo sostiene que México es un Estado parte de casi todos los tratados que se han firmado en materia de protección a los derechos humanos y se ha comprometido a adaptar las disposiciones de los mismos en su legislación interna. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que prevalecen, dan cuenta de la realidad que enfrentamos, y demuestra el poco interés y la falta voluntad política del Estado mexicano por proteger y garantizar los derechos humanos de la población.
“Muestra de los altos índices de violaciones a derechos humanos en nuestro país son las ejecuciones extrajudiciales, detenciones, encarcelamientos, tortura y desapariciones forzadas que han ido en aumento en este contexto de supuesta ‘guerra contra el narcotráfico’.
“ Guerra que ha quedado demostrado, más que combatir a los delincuentes, está siendo una guerra de tipo contrainsurgente que se ha extendido a todo el pueblo mexicano. Un proceso de militarización del país que tiene como finalidad criminalizar las luchas sociales. Sin duda todas las violaciones a derechos humanos que se han cometido son alarmantes, sin embargo, las desapariciones forzadas por su finalidad e intencionalidad deben ser analizadas, pues han sido y siguen siendo una política vigente del Estado mexicano”, señala la organización.
El Comité Cerezo añade que un aspecto sumamente importante que se tiene que considerar es que la desaparición forzada surge como un método ilegal para desarticular la lucha social y para controlar a la población.
“Un método ejemplar de tortura prolongada no solo para las víctimas, sino también para las familias a las que se les suele estigmatizar y responsabilizar de los hechos. Un método ideal que suele garantizar la impunidad del Estado debido a que esta práctica hace difícil la existencia de pruebas, testigos y huellas. Por lo que se convierte en una práctica favorable y recurrente del Estado mexicano.
“En la actualidad en los casos de desaparición forzada en contra de personas que no están relacionadas con el movimiento social, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares ejercen el terror en la población civil como una forma de garantizar la hegemonía de los grupos de poder a los que representan”.
Las desapariciones forzadas han adoptado una nueva modalidad –añade el comunicado-, tanto por la innovación en el método como por la identidad de las víctimas; es decir, hoy no solo se desaparece a luchadores sociales sino también a hombres, mujeres y niños sin razón aparente.
“En este sentido, el argumento del gobierno mexicano ha sido asociar las desapariciones a acciones de la delincuencia organizada, con el objetivo de evadir su responsabilidad y no llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Muestra de ello son los llamados levantones, término creado desde el estado para hacer referencia a la desaparición de civiles por comandos armados ligados supuestamente al “narcotráfico”, con lo cual se trata de confundir a la población y dificultar la identificación de los elementos que cometen dichas desapariciones”.
Para el Comité Cerezo, los recientes casos de desapariciones forzadas desarrolladas en diversos estados del país, demuestran esta nueva forma de operar de grupos que actúan bajo el apoyo o aquiescencia del Estado, que “no son más que una extensión como diría Carlos Fazio de las antiguas desapariciones forzadas.
“Las desapariciones que se han cometido en este contexto de supuesta guerra contra el narco suman más de 3 mil, sin contar con los casos que aun siguen sin ser denunciados por el miedo y el temor infundido por las mismas autoridades”.
Sin embargo, dice, no debemos olvidar que el Estado Mexicano es el responsable de garantizar y proteger dentro de todo el territorio nacional el respeto a los derechos de la población, más cuando un estado es firmante y ha ratificado los distintos instrumentos que protegen a todas las personas contra las desapariciones forzadas, como es el caso de nuestro país, que firmo y ratifico la convección Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 18 marzo del 2008, que en su artículo 2 señala:
Se entenderá por Desaparición forzada: “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Y en su artículo 1: Que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, o inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.
“Con lo anterior, podemos remarcar que la supuesta guerra de combate al narcotráfico desarrollada por Felipe Calderón mediante la cual se han cometido graves violaciones a derechos humanos, entre ellas más de 30 mil ejecutados y más de 3mil casos de desapariciones forzadas, contravienen la convención antes mencionada.
“Por lo anterior, se hace necesario unir esfuerzos de familiares de detenidos desaparecidos, de organizaciones sociales y de derechos humanos, de expertos y diputados, para impulsar una ley federal para prevenir, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México. Así como exigir al gobierno mexicano a que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas de dicho crimen”.
