por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO
Desde finales del 2010 se vienen recrudeciendo las condiciones de vida, los bajos salarios, el desempleo y la carestía de los productos básicos de la canasta popular, entre ellos el “tortillazo” que es una realidad y los “gasolinazos” de cada mes, pero también se hacen más evidentes las inconformidades y las quejas de la sociedad adormilada. El día de hoy inician las protestas de organizaciones sociales, sindicales, campesinas y civiles contra el contexto de falta de respuestas a las grandes necesidades de la población mexicana.
El “Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas”, que aglutina tanto a organizaciones campesinas, como a sindicatos tales como el de telefonistas, tranviarios, mineros, universitarios como también decenas de organizaciones civiles del país, a partir de hoy desplegaran movilizaciones, una marcha el D.F, y en distintas ciudades para demandar el cambio de rumbo a la crisis social y política.
Una de las causas más sentidas es de carácter económico; se habla de una crisis sistémica que fue producto de la confluencia de la crisis alimentaria, la crisis medioambiental, la crisis energética y la crisis financiera, que distan mucho de haber sido superadas. Reflejo de todo ello es el deterioro del campo mexicano, mientras que los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos continuaron descendiendo y los índices de pobreza se han profundizado.
La pobreza alimentaria afecta ya al 18.2 {9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de la población, más de 7 millones de jóvenes (NiNis) no estudia ni trabajan, aproximadamente el 60{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de las personas en edad de trabajar sobrevive dentro de la economía informal mientras que 28.4 millones de mexicanos carecen de seguridad social.
Pero hoy el movimiento social no se fija solo en las cuestiones económicas. Son latentes los problemas de inseguridad y violencia social y delincuencial y también de falta de una reforma que beneficie la ciudadanización y las bases de la democratización profunda. En el ámbito de la inseguridad, diariamente se multiplican los reportes de ejecuciones vinculadas con la acción del crimen organizado y con la sistemática violación de los derechos humanos.
Existe un marcado deterioro de la capacidad del Estado para afrontar sus responsabilidades más elementales y hacer valer el estado de derecho con lo que se refuerza el quebranto de la economía y se inhiben el marco de libertades y derechos.
Peor aún, al amparo de la misma y del uso faccioso y la corrupción del aparato de justicia se han elevado los casos de violaciones a los derechos humanos de la población, así como la criminalización de la protesta social expresada en la persecución, asesinato y encarcelamiento de diversos dirigentes y luchadores sociales. En entidades como Chihuahua, por citar tan solo un caso, indignan los asesinatos de Susana Chávez, Marisela Escobedo y Josefina Reyes, activistas que se habían destacado en la lucha por los derechos civiles dentro una entidad en la que, fenómenos aberrantes como los feminicidios o los ajusticiamientos de ciudadanos inocentes se han convertido en sucesos cotidianos.
Esta es precisamente la tendencia que las organizaciones sociales integrantes del Movimiento considera urgente revertir y es la razón por la que a partir de hoy 31 de enero de 2011, impulsará un programa de movilizaciones cuyo eje central es la modificación del régimen económico, político y social de nuestra nación a partir de la solución de los conflictos sociales existentes, el rescate del campo mexicano, la reactivación del mercado interno, el respeto pleno de los derechos humanos, políticos y laborales de la sociedad mexicana, el regreso del ejército a los cuarteles, para detener el actual baño de sangre y el desmantelamiento del corporativismo y el clientelismo.
Las propuestas de un programa de cambio que se propone impulsar por parte de la sociedad civil son: La reforma del régimen político. Que incluye entre otras vertientes: la construcción de una nueva institucionalidad democrática, que contemple el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato, así como el derecho a la autonomía y el autogobierno de las comunidades y las colectividades locales de manera que, con éstos y otros instrumentos se garantice la participación social en el diseño e instrumentación de las principales políticas públicas. Sin duda que son de gran interés estas propuestas.
