por Otilia G. Sánchez Castillo / DESDE ABAJO
Me parece muy bien que la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional, de Pachuca, se haya manifestado en contra de las agresiones al periodista Antonio Alcaraz por parte de elementos de la policía municipal de esta ciudad capital. ¡Qué bien que repudien “enérgicamente lo que se considera un atentado en contra de la libertad de expresión… “!
Me parece muy bien, que defiendan este derecho constitucional, ojalá y así se hubiera pronunciado en contra de las agresiones cometidas por funcionarios panistas, ya que este es un derecho que no sólo se viola por parte de la policía.
Resulta que de las 10 agresiones a periodistas en nuestro estado, documentadas a través de los medios de comunicación, durante el periodo de agosto de 2010 a la fecha, 2 han sido perpetradas por elementos de las policías municipales, de Tizayuca y Pachuca respectivamente, e igual número de agresiones han sido cometidas por funcionarios panistas.
La primera, cometida por Gregorio Domínguez Chávez, regidor del municipio de Tula de Allende, en contra de la reportera Verónica Monroy, y que fue denunciada ante el Ministerio Público y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, lo que motivó que ésta última emitiera una recomendación, en el mes de octubre, dirigida al Congreso del Estado para que procediera de acuerdo con sus facultades.
Después de más de cuatro meses de emitida dicha recomendación, y de una serie de acciones de denuncia pública en los medios de comunicación, el Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, presentó ante el Congreso local la solicitud de Juicio de Procedencia, para lograr el desafuero del C. Gregorio Domínguez Chávez, regidor del municipio de Tula de Allende, trámite que es indispensable para llevarlo a juicio, y que al parecer, no dará tiempo de resolverlo a la actual legislatura, por lo que está pendiente el castigo, conforme a la ley, de este servidor público. Sin embargo, una vez concluido el juicio penal, sentará un importante precedente en la defensa y protección de la libertad de expresión, y el respeto de la labor periodística.
El otro caso es el de la agresión, el pasado 15 de febrero, en contra del periodista Salomón Hernández León, cometida por Francisco Hernández, Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de Huejutla y actual regidor del ayuntamiento de ese municipio. Este periodista, además, fue doblemente violentado, ya que el Agente del Ministerio Público de Huejutla, en turno, se negó a levantar la averiguación previa correspondiente, instándolo a que sólo se levantara un acta circunstanciada, que quedó asentada con la numeral AC/5/III/008/2011.
La libertad de expresión y la libertad de información no sólo se han visto amenazadas por funcionarios panistas, también se han dado casos de funcionarios priístas que en otra ocasión comentaré.
Reitero es el Estado quien debe garantizar a los periodistas y los defensores de los derechos humanos el derecho a la libertad de expresión en la realización de sus actividades.