En la exposición de motivos se establece lo siguiente: “…la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, tutelan la garantía de igualdad de toda persona ante la ley, lo que indiscutiblemente permite generar los instrumentos jurídicos y las políticas públicas necesarias para hacer cumplir el mandato constitucional.
Pachuca, Hidalgo (News Hidalgo).- En Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente hoy se presentó la iniciativa para adicionar el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal para el estado de Hidalgo para establecer los lineamientos que se habrán de seguir las investigaciones del Ministerio Público y de los cuerpos de Seguridad Pública cuando se denuncien casos de desaparición, violencia sexual y homicidios dolosos de mujeres.
La iniciativa está firmada por 11 diputados, entre los que se encuentran las ocho mujeres que integran la LX Legislatura y fue presentada por el Presidente de la Junta de Gobierno, Roberto Pedraza Martínez.
En la exposición de motivos se establece lo siguiente: “…la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, tutelan la garantía de igualdad de toda persona ante la ley, lo que indiscutiblemente permite generar los instrumentos jurídicos y las políticas públicas necesarias para hacer cumplir el mandato constitucional.
Sin embargo, es de considerar que de acuerdo a la idiosincrasia y la cultura del México, las mujeres son víctimas en muchas ocasiones de diversas formas de discriminación, exclusión o restricción por razones de género y sufren el menoscabo de su persona, lo que impide el total goce o ejercicio de sus derechos, sin dejar de citar, que se conculcan sus derechos en el ámbito político, económico, social, familiar, cultural, entre otras”.
A partir de esta realidad es necesario establecer mecanismos que prevengan y erradiquen estás prácticas perniciosas hacia las mujeres. Se trata de protegerlas en su integridad física, emocional, sexual, económica, social y cultural, señala la iniciativa que fue turnada la Comisión de
Seguridad Pública y Justicia para su estudio y análisis, en una sesión ordinaria presidida por el diputado Alejandro Soto Gutiérrez. La iniciativa tiene implícita una legislación con perspectiva de género ya que los casos considerados en este nuevo artículo tendrán un tratamiento especial, basados en protocolos diseñados por organismo internacionales suscritos por nuestro país a través del Senado de la República.
En casos del reporte de desaparición de personas, violencia sexual y homicidio doloso contra mujeres, las investigaciones se realizarán por oficio y sin dilaciones priorizando la vida, libertad e integridad de la víctima, se obliga a una inmediata coordinación de los cuerpos de seguridad y excluir los obstáculos de hecho o de derecho que disminuyan efectividad a la búsqueda o hagan imposible su inicio, como requerir actuaciones o procedimientos preliminares;
Se deberá asignar para la búsqueda, los recursos humanos y logísticos con que cuente, se confrontará el reporte de desaparición con las bases de datos con las que tenga acceso y se priorizará las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de la búsqueda.
La reforma se propone hacia el Código de Procedimiento Penales a pesar de que ya está aprobado el nuevo Código Procesal Penal, no obstante este último documento contiene artículos transitorios que indican su entrada en vigor de manera paulatina.
SE RECIBE LA RENUNCIA DEL PROCURADOR DE JUSTICIA
En Asuntos en Cartera, la Diputación Permanente del Congreso del Estado recibió el documento mediante el cual el licenciado José Alberto Rodríguez Calderón presentó su renuncia al cargo de Procurador General de Justicia del Estado; el presidente de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Soto Gutiérrez ordenó que el asunto fuera turnado a la Primera Comisión Permanente de Seguridad Pública y Justicia para iniciar el proceso del nombramiento de un nuevo procurador.
Asimismo se recibió una Iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo sobre una nueva Ley de Participación Ciudadana, misma que fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
