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viernes, marzo 29, 2024

Niñas afganas, indefensas ante el matrimonio y la prostitución

Una encuesta de Thompson-Reuters, divulgada en junio de 2011, ubicó a Afganistán como el país más peligroso del mundo para las mujeres por la violencia, la pobreza y la falta de atención médica.

La edad legal para casarse en Afganistán, siendo mujer, es 16 años. Pero cuando Yazmín* tenía ocho, su familia arregló su matrimonio con un hombre de 60 años, en una apartada localidad de la oriental provincia de Nangarhar. Después de cuatro años de infelicidad, Yasmin huyó con un hombre de su aldea del que estaba enamorada. Cuando la pareja fue detenida por escapar y volver a casarse, ella estaba embarazada. Tuvo a su hijo en prisión. Ya liberada obtuvo alojamiento en un refugio de Kabul, temiendo que su familia y su primer marido, ahora con 70 años, la localizaran y la mataran por el honor mancillado.

«El primer paso previsto es su divorcio, ahora tiene 18 años y tiene derecho a hacerlo», dice Huma Safi, responsable del programa de Mujeres por las Mujeres Afganas, una organización que ofrece refugio y asistencia legal y familiar. «El segundo paso será conseguir un verdadero matrimonio con su segundo esposo, de quien ella está enamorada. El casamiento también permitirá reducir la sentencia de él. Y luego podrán vivir juntos», explica.

Cuando se llevó a cabo la segunda Conferencia de Bonn sobre Afganistán, el 5 de diciembre, las mujeres afganas batallaron para que se las escuchara, una década después de que la comunidad internacional se reuniera en la misma ciudad alemana para diseñar una hoja de ruta para que este país, arruinado por décadas de guerras, construyera sus instituciones sobre el fundamento de los derechos civiles. Las prioridades de Bonn II, en el marco del retiro las fuerzas de la coalición internacional previsto para 2014, fueron la transición de la seguridad, las conversaciones de paz con el movimiento islamista Talibán y las futuras relaciones regionales.

El Banco Mundial alertó sobre la dependencia afgana de la ayuda internacional, que asciende a más de 90 por ciento de su presupuesto de 17.100 millones de dólares, y Bonn II fue una señal de los recortes que están practicando donantes. Defensoras de los derechos de las mujeres afganas temen que sus proyectos sufran las consecuencias de esa disminución de recursos. Selay Gaffar, de la Red de Mujeres Afganas, tuvo solo tres minutos en la conferencia para pedir a los donantes que siguieran apoyando la defensa de sus derechos.

La declaración final de Bonn II relacionó brevemente la equidad de género con la Constitución afgana en materia de gobernanza y negociaciones de paz. En los últimos años, las activistas lograron crear conciencia sobre los derechos de género y mejorar el acceso a la educación y a la salud de las mujeres, en especial en áreas urbanas. También se establecieron refugios, que albergan por ejemplo a mujeres como Yasmin, liberadas de prisión que no pueden volver a su hogar por la estigmatización. Pero sus habitantes tampoco se sienten seguras allí ni tienen libertad de movimiento.

Una encuesta de Thompson-Reuters, divulgada en junio de 2011, ubicó a Afganistán como el país más peligroso del mundo para las mujeres por la violencia, la pobreza y la falta de atención médica. «Entre 2001 y 2003 se prestó mucha atención a los derechos femeninos, pero luego disminuyó», indica Huma Safi. «Nuestra principal preocupación es no volver a la situación de hace 15 años. No solo a la del régimen del Talibán, tampoco a la de antes», apunta.

«En la guerra civil de los muyahidines, muchas mujeres fueron violadas», explica. «La gente estaba tan cansada del conflicto, que fuimos olvidadas por la comunidad internacional». En vísperas de Bonn II, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, perdonó a Gulnaz, una muchacha de 21 años violada y luego condenada por adulterio, que dio a luz en prisión a un hijo fruto de esa violación. Pero la gracia presidencial no es lo habitual.

La mayoría de las 700 mujeres recluidas en las sórdidas prisiones afganas fueron condenadas por adulterio o «zina» (relaciones sexuales entre personas no casadas), un castigo común por escapar de un matrimonio forzado o del abuso crónico. Muchas están detenidas con sus hijos. «Hay dos tipos de casos, con un montón de variantes, que escuchas una y otra vez, observa Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.

«Unas son muchachas muy jóvenes obligadas a contraer matrimonio escapan para evitarlo. A veces solas y otras con ayuda de un hombre, de quien no están realmente enamoradas», describe. «Otra categoría son las mujeres casadas, casi siempre contra su voluntad, que sufren violencia doméstica por lo general física, pero a veces verbal», indica Barr. «Se escapan. Estos casos suelen convertirse en zina cuando hay un hombre acompañándolas», añade.

Según Barr, si bien todas las mujeres que entrevistó tenían abogado, la calidad de la defensa no era buena, y los juicios carecían de investigación y de pruebas. «A veces el hombre logra lo que quiere mediante soborno, pero ella no», apunta. «La zina está en el Código Penal, pero la huida no. Cuando lo comenté a jueces y abogados, me respondieron que al escapar las mujeres se arriesgan a incurrir» en esa falta, relata Barr. Gran parte de la población todavía apela a mecanismos tradicionales de justicia comunitaria fuera del sistema formal, según HRW.

En 2009, Karzai promulgó la Ley Chiita de la Familia, que incluía la autorización del matrimonio de adolescentes de 14 años y el derecho de los maridos a forzar sexualmente a sus esposas. Pero, tras protestas de la sociedad civil y la comunidad internacional, la norma fue modificada. Este mismo año, el gobierno aprobó la ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que penaliza actos como el matrimonio infantil o forzado y la violación.

Un análisis de la Organización de las Naciones Unidas sobre su implementación, divulgado en noviembre, señala: «Funcionarios del sistema judicial comenzaron a aplicar la ley en muchas partes del país, pero su uso constituye una ínfima proporción de la forma en que el gobierno atiende casos de violencia contra la mujer».

Mujeres como Zuhra siguen siendo condenadas. A los 12 años, vivía en Kabul cuando la casaron con un hombre mayor que ya tenía tres esposas. Éste la obligó a prostituirse a diario hasta que la vivienda que habitaban fue allanada. Fue detenida y estuvo presa dos años. Ahora tiene 17 años y vive en un refugio.

«Logramos que se divorciara, pero ahora quiere casarse otra vez. Tratamos de que entienda que tiene tiempo, no hay apuro», relata Huma Safi. «No la culpo, cuando salen fuera de prisión, sienten que con un marido estarán protegidas».

*Los nombres reales de las víctimas fueron cambiados para proteger su identidad.

Fuente: IPS / Los Ángeles Press

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