El Senado uruguayo, de mayoría oficialista, aprobó el martes un proyecto sobre la despenalización del aborto, en medio de cruces entre la Iglesia y organizaciones femeninas y poco más de tres años después de que el anterior gobierno izquierdista vetara la legalización de la interrupción del embarazo.
Fue aprobado por 17 votos a favor y 14 en contra tras un debate que duró casi 10 horas.
La iniciativa pasará a la Cámara de Diputados de 99 miembros, de los cuales 50 pertenecen al oficialista Frente Amplio. El texto concluiría el trámite legislativo en febrero o marzo, tras el receso parlamentario.
Manifestantes a favor y en contra de la despenalización del aborto realizaron una concentración en los alrededores del Palacio Legislativo desde el comienzo del debate y hasta luego de la votación.
En Uruguay, un país de bajo desarrollo demográfico y con apenas 3,4 millones de habitantes, la penalización del aborto rige desde 1938.
Ambas cámaras legislativas aprobaron la despenalización en octubre de 2008, pero el entonces presidente socialista Tabaré Vázquez (2005-2010), vetó la ley originando una crisis interna en el oficialismo. Como la senadora Mónica Xavier dijo que insistiría con la iniciativa, Vázquez renunció como afiliado al partido Socialista.
El proyecto establece que «toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional».
Ese plazo no se tomará en cuenta si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran «malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina».
Los servicios de salud, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten, según establece el proyecto.
Xavier explicó que la despenalización busca evitar las muertes como consecuencia de abortos clandestinos. Según organizaciones sociales, en Uruguay se practican unos 30.000 abortos al año.
En su argumentación, Xaxier dijo en Senado que «para la religión la interrupción del embarazo puede ser un pecado. Pero para el Estado no puede ser igual pecado a delito».
También señaló que no hay que menospreciar la inteligencia de las mujeres: «ninguna va con alegría a interrumpir su embarazo», agregó.
También señaló que «la ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no».
Por su parte, el senador Carlos Moreira, del Partido Nacional, que votó en contra, dijo que «desde la concepción hay vida. ¿No estaremos con esto incentivando el número de abortos? ¿El padre que participó en la gestación no puede opinar? No satanicemos al hombre. Muchos queremos paternidad responsable», destacó.
El legislador aseguró que «estamos violando la Constitución. Vamos a menos atentando contra el derecho mas fundamental de todos (la vida)».
Mientras tanto, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, que también votó en contra, señaló que «en la tercera semana (de gestación) el corazón ya ha empezado a latir y no va a dejar de hacerlo hasta que ese ser humano fallezca».
Afirmó que «el objetivo de este proyecto no es disminuir la tasa de embarazos no deseados. Se quiere dar derecho a toda mujer mayor de edad a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo en las 1as 12 semanas», añadió.
La ley vigente castiga con penas de tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con la interrupción del embarazo y con dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.
El gobierno del presidente José Mujica obligó en septiembre de 2010 a los servicios de salud a dar información y asesoramiento sobre anticonceptivos o embarazos no deseados pero mantuvo la penalización del aborto.
Se estima que, en caso de ser aprobada por el Congreso, Mujica no vetará la ley de despenalización ya que en varias oportunidades se ha manifestado contrario a imponer vetos a las decisiones parlamentarias.
Autoridades de la Iglesia Católica advirtieron que excomulgarán a los legisladores que voten a favor de la norma y profesen la religión católica, según indicó el portavoz de la arquidiócesis de Montevideo, Miguel Pastorino, al diario Ultimas Noticias.
Fuente: Terra
