Infancia

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), lanzó el siguiente comunicado:

con relación al caso del supuesto “permiso de convivencia familiar”, denominado en algunos medios de comunicación como “adopción temporal”, a través del cual el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León habría permitido el egreso de un niño que se encuentra bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social (público) “Capullos”, con el matrimonio integrado por el C. Samuel García Sepúlveda, gobernador de dicha entidad, y por la C. Mariana Rodríguez Cantú, titular de la Oficina Amar a Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), informa: 

• Desde el sábado 15 de enero, la PFPNNA requirió mediante oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedara bajo el cuidado del citado matrimonio. Se otorgó un plazo de 72 horas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para remitir la información solicitada, por lo que una vez recibida y realizado el análisis respectivo, se determinarán las medidas que resulten procedentes.

• Al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que éste fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos (a la intimidad y a la protección de datos personales), reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país.

• Por lo anterior, se requirió a la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño.

• De acuerdo con las declaraciones públicas del citado matrimonio, el niño se encuentra bajo el cuidado de un Centro de Asistencia Social público que depende del Sistema Estatal DIF Nuevo León, y no del Sistema Nacional DIF. No obstante, con base en la competencia concurrente entre federación y entidades federativas, dispuesta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la PFPNNA realizará las acciones necesarias para proteger el Interés Superior de la Niñez en este caso.

• Por ello, la PFPNNA exhorta a las autoridades, a la población en general y a los medios de comunicación, a respetar irrestrictamente los derechos de niñas, niñas y adolescentes, e informa que el 15 de enero también hizo del conocimiento del área competente de la Secretaría de Gobernación, la actuación de algunos medios de comunicación en este caso, para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.

• La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez. El DIF Nacional reitera su compromiso de aplicar las medidas necesarias para erradicar prácticas irregulares e ilícitas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• La adopción, como cualquier medio alternativo de cuidado familiar, debe realizarse en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, asegurando en todo momento y como principal fin la integridad de las niñas, niños, o adolescentes involucrados. Por ello, es necesario que toda persona o familia interesada en un proceso de adopción cuente con un certificado de idoneidad, el cual solo puede ser expedido por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues sin este documento resulta jurídicamente imposible realizar la asignación de una niña, niño o adolescente en adopción.

• Además, la legislación vigente en México establece que la adopción es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no existen adopciones temporales.

• En caso de que el cuidado alternativo brindado al niño involucrado en el caso hubiese sido un acogimiento familiar, también deben observarse los requisitos y el procedimiento establecido en la ley, como lo es: presentar una solicitud, valorar la idoneidad de las personas solicitantes, determinar la certificación (solo después de esta fase se puede realizar una asignación) y sujetarse a supervisión durante el tiempo que se brinde el acogimiento.

• Aunado a lo anterior, se emprenderá un diálogo con las autoridades competentes del estado de Nuevo León para revisar su normativa en materia de adopción, así como el esquema operativo, con el fin de impedir prácticas que atenten contra la salud emocional y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes que requieren de una adopción.

• Por último, es necesario recordar que la adopción no es un derecho de las personas adultas, sino que constituye un mecanismo jurídico que permite la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes, quienes son la prioridad en todo momento y las autoridades, sin excepción, están obligadas a actuar con base en su interés superior.

Durante los últimos 16 años, la ONU ha verificado 266.000 casos de violaciones graves contra los niños en más de 30 conflictos en África, Asia, el Oriente Medio y América Latina, según indicaron dos altas funcionarias de la ONU al cumplirse el vigésimo quinto aniversario desde que la Organización publicara un informe pionero sobre esta cuestión.

El informe en cuestión, escrito en 1996 por la política mozambiqueña Graça Machel, instaba a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para proteger a los niños del flagelo de la guerra y pedía a la ONU y a la comunidad mundial que actuaran para proteger a los niños.

«La comunidad internacional atendió el llamamiento y adoptó medidas basadas en las recomendaciones de Machel, como la creación por parte de la Asamblea General de la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, y el establecimiento por parte del Consejo de Seguridad de un mecanismo coordinado de supervisión y presentación de informes de las Naciones Unidas para continuar el seguimiento de las repercusiones de la guerra en los niños», afirmaron en una declaración conjunta la directora ejecutiva de UNICEF y la representante especial de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados.

Henrietta Fore y Virginia Gamba señalaron que las verificaciones de los últimos 16 años incluyen más de 104.100 niños muertos y mutilados, 93.000 niños reclutados y utilizados en los combates o funciones de apoyo, 25.700 niños secuestrados y otros 14.200 niños víctimas de violencia sexual.

A diario se producen 72 violaciones de los derechos de los niños

La ONU comprobó que en 2020 se produjeron un total de 26.425 violaciones contra los niños en situaciones de conflicto, una cifra que corresponde a «72 violaciones diarias o tres violaciones cada hora».

Como dato negativo añadió que por séptimo año consecutivo se superó la cifra de más de 20.000 abusos.

«Estos son sólo los casos que pueden verificarse a través del Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes dirigido por la ONU, establecido en 2005 para documentar sistemáticamente las violaciones más atroces contra los niños en las zonas de conflicto. Las cifras reales son sin duda mucho más elevadas«, recordaron las representantes de la ONU.

Hay que ir más allá de las estadísticas

Ambas destacaron que estas horribles cifras suponen algo más que simples estadísticas, «son vidas jóvenes que se han perdido o que han quedado devastadas por traumas y sufrimientos horribles”.

De hecho, muchos niños sufrieron más de una violación grave. Solo el año pasado, la ONU verificó que alrededor del 10% de los casi 20.000 niños afectados por este flagelo sufrieron dos o más violaciones graves.

La ONU liberó a más de 12.000 niños en 2020

A pesar de esta preocupante tendencia se han realizado importantes avances en la protección de los menores en conflictos como los Principios de París que buscan prevenir el reclutamiento y la utilización de niños en fuerzas y grupos armados.

«Además, la ONU sigue trabajando directamente con las familias y las comunidades para reducir las situaciones de vulnerabilidad de los niños y darles el apoyo que necesitan para la recuperación de los conflictos bélicos», explica la declaración.

Así, a lo largo de los años, las Naciones Unidas y sus socios han trabajado sin descanso garantizando la liberación de miles de niños vinculados a las fuerzas y grupos armados, y proporcionándoles la atención adecuada y los servicios de reintegración. En 2020, esa cifra incluyó a 12.643 niños.

El impacto de los conflictos en los niños es una responsabilidad que nos atañe a todos

Sin embargo, las dos funcionarias de la ONU advirtieron que las partes en conflicto continúan con las graves violaciones de los derechos de los menores, mostrando un desprecio generalizado y espantoso por su bienestar.

Calificaron de «inaceptable» que sólo 18 de las 61 partes en conflicto enumeradas en los anexos del informe anual del Secretario General de 2021 sobre niños y conflictos armados tengan un plan de acción conjunto o compromisos similares con la ONU para prevenir las violaciones graves de los derechos de los menores.

«Todas las partes incluidas en la lista deben acordar y adherirse a un Plan de Acción para proteger a los niños y, en primer lugar, establecer medidas para evitar que se produzcan violaciones contra los menores», subrayaron.

La declaración acaba con una cita de Machel Graça: «El impacto de los conflictos en los niños es responsabilidad de todos, y debe ser la preocupación de todos».

El presidente López Obrador ha insistido en que los niños y las niñas deben volver a las clases presenciales. De hecho, la secretaria de Educación federal, Delfina Gómez, declaró que el retorno es “inminente”. Sin embargo, ambas autoridades han aclarado que esto será voluntario. ¿Por qué, pues, insistir en el regreso a las aulas en el pico de la tercera ola de COVID? Debemos revisar lo emitido por la UNESCO y la UNICEF:

“Las pérdidas que sufrirán los niños y los jóvenes por no estar en la escuela puede que nunca se recuperen. Desde la pérdida de aprendizaje, la angustia mental, la exposición a la violencia y los abusos, hasta la falta de comidas y vacunas en la escuela o el menor desarrollo de las habilidades sociales, las consecuencias para los niños se dejarán sentir en su rendimiento académico y su compromiso social, así como en su salud física y mental”.

Correcto. Entonces las más altas instituciones globales sobre infancia y educación están alertando sobre las terribles consecuencias de no retornar a clases. Pero, no conformes, rematan:

“Los más afectados suelen ser los niños de entornos con pocos recursos, que no tienen acceso a herramientas de aprendizaje a distancia, y los más pequeños, que se encuentran en etapas de desarrollo clave”.

Es decir que, como siempre, entre los más afectados, están los pobres; en este caso, las infancias pobres.

[Puedes leer el comunicado completo aquí: La reapertura de las escuelas no puede esperar : declaración de UNICEF y UNESCO]

De modo que el argumento central del retorno a clases es la urgencia de rescatar a los niños y a las niñas de severas lesiones en su salud mental, a causa del confinamiento. No en balde, es en los hogares donde más violencia se ejerce contra las infancias. Además, las consecuencias de su evidente retraso académico como su desarrollo psico-social, podrían tener efectos devastadores, sí, para ellos y ellas, pero también para sus familias y la sociedad en conjunto.

¿Que quienes somos padres y madres tenemos miedo de que nuestros hijos e hijas se contagien de COVID en la escuela? Por supuesto. ¿Qué tampoco podemos tenerlos demasiado tiempo en casa porque debemos salir a trabajar? También. Pero, ahora, reformulemos estas preguntas sobre entornos de mayor precarización. ¿Deben permanecer las infancias confinados en contextos violentos? En muchos casos, la escuela es su único refugio ante la hostilidad del hogar. En tantos otros, la escuela les proporciona las habilidades, el conocimiento y las relaciones que no tienen en casa. Y aún más, muchos niños y niñas dependen de los alimentos que la escuela les proporciona. Esto significa que, además de angustiados, la mayoría de las infancias experimentan daños en su salud física a consecuencia de la mala alimentación.

Sobre los riesgos de contagio en la escuela, esto dice la UNICEF:

«No se puede esperar a que los casos lleguen a cero. Hay pruebas claras de que las escuelas primarias y secundarias no están entre los principales impulsores de la transmisión. Mientras tanto, el riesgo de transmisión de la COVID-19 en las escuelas es manejable con estrategias de mitigación adecuadas en la mayoría de los entornos. La decisión de abrir o cerrar las escuelas debe basarse en el análisis de riesgos y en las consideraciones epidemiológicas de las comunidades en las que están situadas».

Existe una mujer: Pamela. Debe trabajar en una oficina de Gobierno desde las nueve, hasta las tres o cuatro de la tarde. Es una madre que cría sola. Sus padres viven en una comunidad a tres horas en camión desde Pachuca. Antes de salir a su empleo, verifica un y otra vez que las llaves del gas estén cerradas. Deja vasos con agua y dos sándwiches en la mesa, y cierra con llave y seguro al salir. Dentro se quedan sus dos hijos. Uno de seis años y el mayor de diez. Debe ser así. La vida apremia; pero, al menos, era más sencilla cuando podía dejar a sus niños en la escuela.

Mira lo que dijo la directora de la UNICEF, Henrietta H. Fore, sobre el regreso a las aulas:

Quien tenga la fortuna de no pasar por esto, ya porque tiene redes de apoyo, porque trabaja desde casa, porque la escuela privada le ofrece alternativas o tiene la opción de evitar que regresen a la escuela, excelente, que celebre su privilegio. Pero, la realidad para la mayoría de las familias es distinta y es cruel.

De hecho, durante la pandemia y el confinamiento, la brecha entre quienes estudian en escuelas privadas y escuelas públicas se ha vuelto mucho mayor. El acceso a la tecnología, la ubicación geográfica y las condiciones económicas han determinado que, mientras unos, quizás a duras penas, han cumplido con su ciclo escolar, otros se empantanaron en el nivel educativo que tenían en abril de 2019, cuando se dictó el confinamiento general. De modo que, mientras que unos van a segundo de secundaria, otros se han quedado con el nivel de sexto de primaria, aun si continuaron adelante con los estudios, pues está visto que la televisión y el internet no resolvió lo que el aula les proporcionaba. Y ya ni hablar de quienes sacaron a sus hijos de los colegios. Han pasado dieciocho meses. El Estado y la sociedad, debe rescatar a esa generación.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó sobre la detención de una persona acusada por ejercer violencia física y psicológica contra un menor en el municipio de Almoloya de Juárez, al sureste de la entidad.

Una representante del Ministerio Público y adscrita a la Subprocuraduría de Procedimientos Penales región poniente, acreditó ante un juez de control del distrito judicial de Apan, la probable responsabilidad de la persona detenida, identificada como Nayeli «N».

La Procuraduría logró acreditar que el menor era víctima de abuso desde el año 2014 por parte de la imputada, con quien mantiene un vínculo familiar. A partir de entonces y hasta 2019 —señaló la autoridad—, la detenida agredió física y psicológicamente al menor, por lo que familiares hicieron la denuncia al conocer del maltrato que sufría la víctima e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

A través de las indagatorias un agente del Ministerio Público, reunió los datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de la agresora y presentarlos en audiencia inicial frente a la autoridad judicial.

Una vez que los datos probatorios fueron expuestos ante un juez de control, este dictó el auto de vinculación a proceso de la probable, por los hechos antes mencionados.

Como medidas cautelares se le impusieron la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y la exhibición de una garantía económica. El plazo para el cierre de la investigación complementaria terminará dentro de tres meses, tiempo en el cual la autoridad determinará la sanción correspondiente hacia la agresora.

Se ha disparado el tráfico de niños y niñas de Centroamérica hacia México, en ruta para Estados Unidos, denunció el Gobierno mexicano.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un reporte en el cual se exhibe un incremento sorprendente en la cifra de niños y niñas migrantes de origen centroamericano en México, quienes son abandonados en el país.

López Obrador llamó a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras a evitar que las infancias caigan en manos de tratantes de personas. De la misma manera, pidió a los Estados del sur mexicano colaborar con la Presidencia del país para implementar las medidas de emergencia sobre este caso.

De la misma manera, anunció que la dirección nacional del Sistema DIF se trasladará al sur y despachará en Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala, para atender a los niños y niñas de Centroamérica, víctimas del tráfico. Incrementarán la infraestructura para atender a las pequeñas víctimas.

El canciller Marcelo Ebrard emplazó al gobierno de Estados Unidos a «hacer algo» para atender la migración en Centroamérica y recordó que Washington está comprometido a hacer una fuerte inversión para el desarrollo de esos países.

Esto, por una parte; por el otro —dijo Ebrard—, es detener a los criminales que están traficando con niños y niñas.