Antes de la brutal agresión homofóbica que Agustín Estrada sufriera el 15 de septiembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México establecer mecanismos de seguridad a la vida e integridad del ex profesor. Sin embargo, Peña Nieto desestimó las observaciones que finalmente derivaron en la multiviolación que dejó al borde de la muerte a Estrada.
por Guadalupe Lizárraga
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó un informe sobre “el esquema de seguridad que hubiera adoptado el estado mexicano para proteger la vida e integridad personal” de Agustín Humberto Estrada Negrete después de sufrir el primer atentado. Esta petición fue hecha por medio del secretario ejecutivo Santiago A. Cantón, –el 30 de diciembre de 2011– directamente a la víctima de homofobia por parte de funcionarios del gobierno del Estado de México, y le pidió que “hiciera las observaciones pertinentes” al respecto. El asunto que se ponía de relieve sobre esta correspondencia entre el alto funcionario de la CIDH y la víctima eran las medidas cautelares con el expediente MC 222/09, desestimadas desde 2009, por representantes del estado mexicano y que pudieron haber evitado el grave atentado contra Estrada el 15 de septiembre de 2010.
El maestro torturado por expresar públicamente su homosexualidad ejercida dentro de las esferas del poder mexicano, respondió a la CIDH que el estado mexicano no había “mostrado la voluntad de coordinar la implementación de las medidas cautelares y provisionales” como lo había establecido la Comisión, pese a que en la legislación mexicana también lo establece, y pese a la demanda penal contra Enrique Peña Nieto con fecha del 27 de julio del 2009, averiguación previa TOL/DR/lll/1022/2009.
Señaló Estrada que en las reuniones con varias autoridades después de que la denuncia llegara hasta la CIDH, “se dedicaron sólo a hacer amenazas sutiles contra los beneficiarios y a tratar de persuadir a la CIDHlo, bajo el supuesto que se me seguía manteniendo en activo en la nómina del gobierno del Estado de México”. Pidió, como le habían sugerido hacerlo, la grabación de las reuniones, pero las autoridades se burlaron de él y dijeron que no tenían recursos para grabar.
Estrada Negrete ratificó su denuncia ante la CIDH contra el entonces gobernador Enrique Peña Nieto por “su abuso de poder con auspicio de las autoridades del gobierno federal”, al violarse su derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, su libertad de pensamiento y de expresión, entre otros. Consideró como «daño irreparable lo que se le ocasionó por ser homosexual y por defender los derechos humanos de los grupos minoritarios”. Incluso señaló que en flagrante violación al artículo 25 del sistema interamericano sobre el derecho a las medidas cautelares, el estado mexicano lo enjuició ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación por su participación en la Feria contra la homofobia realizada en 2007 y por el reconocimiento de “su condición humana como homosexual”.
En la respuesta por escrito a la CIDH, la víctima especificó que al asistir a la reunión convocada por las autoridades del gobierno estatal, fue detenido, torturado y violado sexualmente por parte de los presos y custodios del penal. Explicó que le “fabricaron” dos procesos penales:“ataques a las vías de comunicación y lesiones, causa penal 94/2009, así como ocupación ilegal de inmuebles destinados a un servicio público causa penal 108/2009), por instrucción y orden generada por Enrique Pena Nieto entonces gobernador de la entidad y mi expareja homosexual”. Estrada delató además que el exgobernador lo acusó públicamente de ser transgresor del orden social y de “haber tenido su castigo”.
Así mismo, denunció que las medidas de seguridad que recibieron fueron “rondines” de las mismas autoridades que lo habían agredido. Todavía, el dos de enero de 2011, amplió su expediente ante la CIDH, para señalar que su hermana era hostigada en vía pública por policías que le tomaban fotografías y la amenazaron diciéndole “que se vaya o le va a pasar lo que al puto de su hermano, porque Enrique Peña Nieto va a ser el próximo presidente de México y que cuando lo sea la familia Estrada va a desaparecer del mapa”.
Antes del último atentado que casi le arrebatara la vida a Estrada Negrete, ya había denunciado estas agresiones ante medios locales sobre el hostigamiento, coerción y burla de las autoridades.
Agustín estrada fue sacado del país por Litigio estratégico derechos humanos, después de un abogado que abandonó el caso de defensa y dos abogados más que rechazaron la atención por miedo a represiones por parte del Estado. Uno de ellos, Jaime López Vela fue encarcelado y sentenciado por defenderlo públicamente en un video a través de las redes sociales.
Funcionarios y dependencias involucrados con demandas penales y ante los organismos de derechos humanos.
Fuente: LOS ÁNGELES PRESS
