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lunes, abril 15, 2024

AMENAZAS, hostigamiento y abuso psicológico – Realidad de PERIODISTAS en México

Ocho periodistas han sido asesinados mientras estaban inscritos en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México en los últimos siete años, una cifra que pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer y reformar la institución, afirmaron hoy Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) al publicar una investigación conjunta.

El informe, ‘Nadie garantiza mi seguridad’: La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, analiza el Mecanismo federal que se creó en 2012 con la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país en riesgo extremo de amenazas y ataques debido a su trabajo. Si bien Amnistía Internacional ha publicado anteriormente investigaciones sobre las deficiencias del Mecanismo en la protección de los  defensores y defensoras de los derechos humanos, a la luz del mandato del CPJ y su experiencia especializada, este nuevo informe se centra específicamente en el trabajo del Mecanismo para proteger a los periodistas.

“El Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sigue siendo una parte crucial de los esfuerzos del gobierno en México para hacer del país un lugar más seguro para los periodistas, pero solo puede cumplir ese papel si aborda adecuadamente sus propias fallas”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Después de años de incesante derramamiento de sangre e impunidad corrosiva, ha llegado el momento de que el Estado mexicano actúe y demuestre que finalmente está dispuesto a tomar en serio sus obligaciones con respecto a la libertad de prensa”.

México es el país más peligroso del hemisferio occidental para los periodistas, según una extensa documentación del CPJ desde 1992. Desde el cambio de siglo, al menos 141 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados, según la investigación del CPJ; Se descubrió que al menos 61 de esos asesinatos estaban directamente relacionados con su trabajo. La impunidad es la norma en los crímenes contra la prensa; De acuerdo con el Índice Global de Impunidad anual del CPJ, México se ubica constantemente entre los diez países con el mayor número de asesinatos de periodistas que siguen sin resolverse. El CPJ también ha concluido que México es el país con el mayor número de periodistas desaparecidos en el mundo, sin embargo, ni un solo caso de periodista desaparecido en México ha dado lugar a una condena.

Más allá de los asesinatos y desapariciones, los periodistas en México enfrentan constantes amenazas, hostigamiento y abuso físico y psicológico, tanto por parte de funcionarios públicos como del crimen organizado. La mayoría de las amenazas y ataques están relacionados con la lucha en curso del país contra grupos criminales violentos, la militarización de la llamada “guerra contra las drogas” y las agencias de aplicación de la ley corruptas o incompetentes que no quieren o no pueden mantener seguros a los periodistas y al público. De hecho, el propio Mecanismo ha determinado que los funcionarios públicos son responsables de casi la mitad de las agresiones que ha registrado contra periodistas en México.

Protección débil e ineficaz

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado en 2012 por el gobierno federal mexicano después de años de presión por parte de periodistas y organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a las constantes amenazas y ataques contra personas defensoras y trabajadores de los medios de comunicación.

En los últimos 18 meses, Amnistía Internacional y el CPJ examinaron el Mecanismo mediante solicitudes de libertad de información ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México y examinaron una amplia gama de información disponible públicamente sobre la institución. El informe también se basa en el trabajo de campo realizado en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, y en los resultados de un cuestionario que respondieron 28 periodistas incorporados al Mecanismo.

En el papel, el Mecanismo evalúa los riesgos que enfrentan los periodistas, les brinda medidas de protección y coordina con las agencias estatales y federales para mitigar los riesgos. En realidad, si bien el Mecanismo ha brindado una protección muy necesaria a algunos periodistas, no está protegiendo adecuadamente a muchos otros.

A noviembre de 2023, había 651 periodistas inscritos en el Mecanismo: 469 hombres y 182 mujeres. Pero el número de solicitudes de protección que el Mecanismo ha rechazado ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de solo una en 2020 a 14 en 2021, 49 en 2022 y otras 49 en los primeros once meses de 2023.

Casi todos los periodistas con los que hablaron Amnistía Internacional y el CPJ dijeron que habían seguido sufriendo incidentes de seguridad después de inscribirse en el Mecanismo, y muchos describieron la respuesta del Mecanismo como lenta, burocrática y carente de empatía. Muchas mujeres periodistas también consideraron que el personal del Mecanismo minimizaba los riesgos a los que se enfrentaban y no tenía en cuenta las consideraciones de género al atenderlas.

Casos emblemáticos

Amnistía Internacional y el CPJ reseñaron tres casos emblemáticos de reporteros que se inscribieron en el Mecanismo: Gustavo Sánchez, Rubén Pat Cauich y Alberto Amaro Jordán. Sánchez y Pat fueron asesinados mientras teóricamente estaban bajo la protección del Mecanismo, y son dolorosos recordatorios de las consecuencias de una protección inadecuada por parte de la agencia gubernamental. El caso de Amaro, quien se ha resistido a los esfuerzos del Mecanismo para retirar sus medidas de protección, ofrece una visión de las luchas con la burocracia, la falta de evaluación adecuada de los riesgos y el escandaloso desinterés de los funcionarios públicos por tomar en serio los riesgos contra los periodistas.

“Llamas al Mecanismo por teléfono y a veces es como si te estuvieran ignorando. Piensan que les estás mintiendo”, dijo Amaro. “Hice hincapié en que la evaluación de riesgos contenía muchos errores. Me ignoraron y decidieron retirar a mis guardaespaldas”.

“Nuestra investigación pone de relieve cómo los homicidios de periodistas como Gustavo Sánchez y Rubén Pat Cauich podrían haberse evitado si las autoridades hubieran tomado medidas más rápidas y decisivas para protegerlos. Las autoridades mexicanas deben hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a la prensa y garantizar los derechos de los periodistas a la vida y a la libertad de expresión”, ha manifestado Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Recomendaciones

Los hallazgos de la investigación pintan un panorama alarmante de una institución profundamente defectuosa que necesita una revisión profunda para responder a las necesidades de prensa de los periodistas en uno de los países más violentos del mundo. Es especialmente preocupante la aparente falta de conocimientos básicos de su personal en materia de derechos humanos, la falta de evaluación adecuada de los riesgos a los que se enfrentan los periodistas, la falta de consideración de las consideraciones de género y las malas prácticas en cuanto a la comunicación con los beneficiarios. La investigación también reveló una tendencia creciente a negar a los periodistas medidas de protección, así como el debilitamiento o la retirada total de las medidas de protección de los periodistas, a pesar de los peligros claros y presentes que siguen enfrentando.

Entre otras recomendaciones, Amnistía Internacional y el CPJ instan a las autoridades mexicanas a garantizar un financiamiento adecuado y capacitar adecuadamente al personal del Mecanismo, revisar sus procesos de evaluación de riesgo e implementar una perspectiva de género en sus protocolos para abordar mejor las necesidades específicas de las mujeres periodistas.

Las organizaciones también piden una colaboración mucho más estrecha entre el Mecanismo y los organismos de investigación federales y estatales de México para abordar la impunidad y las causas fundamentales de las amenazas y ataques contra periodistas.

El gobierno mexicano debe tomar medidas inmediatas para abordar los problemas que enfrenta el Mecanismo. Esto es particularmente urgente en un momento en que México se dirige a un nuevo ciclo electoral que podría afectar la forma en que el país aborda las graves violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales como la libertad de prensa.

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